Torrent reitera al Gobierno que no obligue a subir la tasa de basuras en la zona dana

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha trasladado en dos ocasiones por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el acuerdo plenario del 5 de diciembre por el que, por unanimidad de todos los grupos políticos, se solicita una moratoria de al menos tres años en la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, en lo referente a la tasa que debe ser repercutida a los ciudadanos (art. 11.3), para los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

En sendas cartas dirigidas a La Moncloa, al Ministerio y a la Delegación del Gobierno, enviadas el 16 de diciembre y el 3 de febrero, Folgado informó que el Pleno del Ayuntamiento de Torrent aprobó el 5 de diciembre por unanimidad instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de la nueva tasa de residuos hasta que se desarrolle un reglamento que establezca criterios claros para su imposición por parte de ayuntamientos y mancomunidades. Además, el Ayuntamiento reclama que el impuesto tenga en cuenta la cantidad y calidad de los residuos depositados en vertedero en cada población, garantizando una distribución justa y equitativa de la carga fiscal.

Ante la falta de respuesta a la primera carta enviada el 16 de diciembre, la alcaldesa reiteró su solicitud el 3 de febrero, mostrando su preocupación por la situación de los municipios afectados y la falta de apoyo del Gobierno central. No es la primera vez que Folgado reclama al Gobierno esta moratoria, ya que también lo ha trasladado en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) y directamente a Pedro Sánchez en la reunión mantenida el 23 de enero en la Delegación del Gobierno, donde ejerció como portavoz de los alcaldes afectados por la DANA.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrent aprobó esta solicitud de moratoria el mismo día en que también se aprobó una rebaja del IBI por segundo año consecutivo a todos los ciudadanos, reafirmando el compromiso del equipo de gobierno con la reducción de la carga fiscal a los vecinos. Esta iniciativa busca aliviar la situación económica de los ciudadanos tras los daños provocados por la DANA y evitar que una nueva tasa suponga un obstáculo adicional para la recuperación de las familias y negocios de la ciudad y la comarca de l'Horta Sud.

Torrent, como capital de la comarca, lidera esta iniciativa en beneficio no solo de sus ciudadanos, sino de todos los municipios de l'Horta Sud afectados por la DANA. En esta línea, el consistorio busca trasladar la petición a la Mancomunitat de l'Horta Sud para que más municipios puedan sumarse a la solicitud y fortalecer la reivindicación ante el Gobierno central.

Pese a la petición de moratoria, el Ayuntamiento de Torrent debe cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11.3 de la Ley 7/2022. Por ello, hoy aprobará el proyecto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos municipales, que debe reflejar el coste real de las operaciones de recogida, transporte, tratamiento, vigilancia, mantenimiento de vertederos, y campañas de concienciación. La ley exige, además, que esta tasa sea específica, diferenciada y no deficitaria.

La nueva tasa incluirá bonificaciones del 30% para familias numerosas, para viviendas habituales cuyos ingresos no superen el IPREM y una reducción de 10 euros para los contribuyentes que hayan utilizado los ecoparques el año anterior. Estas bonificaciones buscan mitigar el impacto de la tasa en los sectores más vulnerables de la población y fomentar el uso de sistemas de reciclaje y tratamiento de residuos más eficientes, así como bonificar la separación en origen.

Aunque el Ayuntamiento de Torrent deba aplicar la tasa por imperativo legal, el equipo de gobierno reafirma su compromiso con el acuerdo plenario del 5 de diciembre y sigue exigiendo al Gobierno de España una moratoria de tres años para los municipios afectados por la DANA.

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