Vecinos de Paterna denuncian que el Ayuntamiento incumple una sentencia si modifica el plan urbanístico

Los vecinos de Paterna alertan que sobre la posible modificación, que todavía no ha sido aprobada, del Plan General de Ordenación Urbana, y que según los afectados «permitirá eludir su cumplimiento y evadir la responsabilidad patrimonial derivada de una actuación que, como mínimo, ha sido negligente» señalan. Tras ganar una sentencia judicial al Ayuntamiento de Paterna por conceder una licencia de obras no conforme a derecho, los vecinos de Paterna afectados por esta medida alertan que la concejalía de Urbanismo «ha iniciado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana».

Los vecinos demandantes, exponen que «tanto los técnicos municipales como la propia teniente alcalde del área de Urbanismo y de Presidencia, Eva Pérez, fueron reiteradamente advertidos de palabra y por escrito en noviembre de 2021 de la ilegalidad de la licencia urbanística, pero la obra siguió adelante y 18 meses después está finalizada y habitada».

Ante la indiferencia municipal los afectados no tuvieron más remedio que acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia que confirmó la ilegalidad según la sentencia 221/2022 de 18 de julio. «Nuestra indignación y sospechas proceden de que en lugar de acatar la sentencia el Ayuntamiento inició una maniobra que permitiría esquivarla, mediante la modificación del artículo 160 del Plan General de Ordenación Urbana, que fue clave en la resolución judicial», señalan.

Este trámite ha sido conocido porque con fecha 13 de abril de 2023, a instancia de la Teniente Alcalde de Presidencia, Eva Pérez, se emitió un Informe Ambiental y Territorial Estratégico, firmado por dos técnicos municipales del área de Urbanismo, para proceder a la modificación número 84 del PGOU, afectando de pleno al mencionado artículo 160 del PGOU.

La aprobación de este texto permitiría mantener la construcción que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia declaró ilegal, «ordenando al Ayuntamiento de Paterna que lleve a cabo las actuaciones oportunas para la demolición de las obras ejecutadas al amparo de los actos administrativos anulados», según el texto de la sentencia.

Para los vecinos afectados, «es evidente que la sentencia ha puesto de manifiesto que la licencia jamás debió otorgarse y que no pudo ser un error, porque les avisamos que iba en contra de la normativa, e hicieron caso omiso a las advertencias». Los denunciantes añaden que «intentar cambiar la normativa para adaptarla a decisiones previas, sorteando una sentencia judicial y la Ley Valenciana de Urbanismo, podría suponer una posible desviación de poder y un presunto delito de prevaricación, y que si el Ayuntamiento no desiste en su actitud, pondrán el caso en manos de la fiscalía para que se esclarezca y, en su caso, se depuren responsabilidades».

Uno de los vecinos, arquitecto de profesión, advierte además que este cambio tendrá consecuencias nefastas, «afectando principalmente al urbanismo de La Canyada de un modo atroz, permitiendo desniveles artificiales entre los suelos de parcelas contiguas de hasta 3,70 metros. Siendo por otro lado una decisión contraria a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), por lo que se trata de un gigantesco disparate administrativo».

Los vecinos añaden «que el Ayuntamiento de Paterna otorgue licencias de construcción saltándose la normativa local y de la Comunidad Valenciana y que a continuación manipule el PGOU para adecuarlo a intereses arbitrarios es algo que afecta a toda la ciudadanía, por lo que es necesario acabar con estas prácticas y deben depurarse todas las responsabilidades».

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