Las FARC se desvinculan de 'El Enfermero', detenido en Madrid

El jefe de la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, ha afirmado este sábado que desde la guerrilla desconocen a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, alias 'El Enfermero', detenido el pasado 13 de diciembre en Madrid acusado de realizar más de 500 abortos a guerrilleras.

Márquez ha exigido además a la Fiscalía que rectifique y pida disculpas públicamente por lo que ha definido como un montaje destinado a perjudicar la imagen de la guerrilla colombiana. "¿En qué quedó el burdo montaje de la Fiscalía con 'El Enfermero' de las FARC que pidió capturar en España en vísperas del acuerdo sobre las víctimas?", ha escrito Márquez en su cuenta oficial de Twitter.

"El juez español lo dejó libre. El personaje (al que nadie conoce en las FARC) vive hace 8 años en ese país y tiene nacionalidad española", ha añadido el jefe de la delegación de paz, en referencia a Eloy Velasco, el magistrado de la Audiencia Nacional que tomó la decisión, un día después de su detención, de dejar en libertad a 'El Enfermero' con comparecencias semanales mientras se tramita su extradición a Colombia. "Esperamos rectifiquen y pidan excusas por engañar de esa manera a la opinión. Esas conductas en nada ayudan a la reconciliación de Colombia", ha concluido Márquez.

Más de 500 abortos

A 'El Enfermero', detenido por la Policía Nacional, se le atribuyen más de 500 abortos a guerrilleras. Las mujeres, entre las que se encontraban más de cincuenta niñas indígenas de la comunidad zabaleta del Chocó que habían sido reclutadas de manera forzosa, eran víctimas de violaciones por parte de los miembros de la organización y después obligadas a abortar, hasta en el séptimo y octavo mes de embarazo, bajo la amenaza de fusilamiento si se negaban.

La mayor parte de estas intervenciones las llevó a cabo entre los años 1998 y 2000 en los frentes 47 y 9 de las FARC, a raíz de una Directiva del Estado Mayor de las FARC en la que se decretaba que se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se negaran a que les practicaran interrupciones del embarazo para no perderlas como instrumento de guerra.

La investigación comenzó cuando se recibió por parte de las autoridades colombianas una comunicación sobre la posible presencia en Madrid de un excombatiente de la guerrilla que se habría asentado en España huyendo de la Justicia colombiana.