Examen a la democracia en América

El primero en celebrar comicios será El Salvador, que votará el próximo domingo 4 de febrero. Después lo hará Panamá (5 de mayo), y seguirán República Dominicana (19 de mayo), México (2 de junio), Uruguay (27 de octubre), Estados Unidos (5 de noviembre) y por último Venezuela, que las tiene anunciadas para noviembre pero sin fecha concretada.

Está en juego el crédito de la democracia en un continente donde no existe el sosiego, donde las elecciones contienen espinas sobre la efectividad del sistema, en donde muchos de sus protagonistas siembran múltiples dudas sobre el sistema electoral, hablan de fraude o de la legitimidad de los elegidos. Donde existen gobernantes que persiguen a ciudadanos, amenazan, provocan su exilio, oprimen, encarcelan, asesinan opositores, aumentan la desigualdad y, en definitiva, violan derechos humanos.

Dice José Mújica, exguerrillero y expresidente de Uruguay, que la democracia significa, entre otras cosas, «compartir el gusto de vivir y estar al servicio de la vida, no contra la vida» y que tiene que atender desafíos que implican el desarrollo del pueblo y combatir la desigualdad. «Necesitamos políticas globales que nos puedan ayudar, y necesitamos cambios. Necesitamos más Estado con muchos más recursos», ha comentado más de una vez.

Las palabras de Mújica imaginan un mundo democrático tan diferente a las últimas experiencias electorales en América, que han dejado síntomas de que la democracia está siendo afectada por una ola de autoritarismo, como destaca el título del último libro del escritor peruano Diego Salazar. En Guatemala, por ejemplo, desde la victoria sorprendente en la segunda vuelta de las elecciones de Bernardo Arévalo, el oficialismo, que ha ostentado el poder durante muchos años, comenzó una ofensiva judicial y de descrédito sobre el vencedor. Arévalo calificó la actuación de la fiscal general, Consuelo Porras, de un intento de «golpe de Estado técnico» al pretender anular las elecciones, impugnar al partido que lideró –Movimiento Semilla-, efectuar allanamientos y detenciones, y hasta llegó a retirar inmunidad a diputados.

Pero no acabaría ahí la campaña organizada por la élite política y económica, conocida como «el pacto de los corruptos». Para tomar posesión, Arévalo y su vicepresidenta, Karin Herrera, que llegó a tener amenazas de muerte, tuvieron que solicitar un amparo provisional de la Corte Constitucional con el que aseguraban la transmisión del mando. Pero aún así, hizo su juramento como presidente de Guatemala nueve horas después de lo previsto.

Los que no querían abandonar el poder pretendieron boicotear hasta el último momento el solemne acto que entusiasmó al pueblo guatemalteco por el sueño de vivir una nueva primavera y al que asistieron mandatarios de muchos países. La OEA tuvo que emitir un comunicado de apoyo al nuevo presidente y Estados Unidos amenazó con cortar todo tipo de cooperación con Guatemala si se bloqueaba la investidura de Arévalo. Su mayor desafío ahora es «transformar un país que ha sido devorado por la corrupción y que ha puesto en jaque a la democracia».

Guatemala ha sido el último país en resistir una operación en la que estaba en juego la credibilidad del sistema democrático, pero también Ecuador, Brasil, Perú, donde el último presidente electo, Pedro Castillo, fue encarcelado a los 17 meses de ser elegido, han vivido el descrédito de la democracia. En Ecuador, donde se ha instalado una violencia que finalizó con 8.000 muertos en 2023, producto de las guerras del narcotráfico y de la delincuencia, días antes de celebrar las elecciones fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio, que había denunciado la corrupción política.

Ante la escalada de violencia, el nuevo presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó un conflicto armado interno. La situación es tan grave que la fiscal general, Diana Salazar, abrió una investigación a la que ha llamado «metástasis» y en la que ha descubierto que la corrupción salpica a jueces, policías, fiscales y funcionarios judiciales. Toda una estructura criminal que tenía como objetivo eludir a la justicia y conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas.

Pero en el 2022, Lula da Silva también ganó la presidencia de Brasil en segunda vuelta y el candidato perdedor, Jair Bolsonaro, que aspiraba a ser reelegido, no se cansó de repetir durante la campaña su desconfianza en el sistema que contabilizaría los votos, no reconoció la derrota, tampoco felicitó al vencedor, alimentó el caos que llevó a miles de partidarios a bloquear carreteras, manifestarse enfrente de los cuarteles militares pidiendo su intervención ante lo que consideraban un fraude, y solo 72 horas después de su derrota electoral compareció ante la prensa.

El día que tenía que posesionarse Lula había temores sobre un posible atentado. No pasó nada. Pasó ocho días después. Una turba de simpatizantes de Bolsonaro invadió y causó destrozos en Brasilia, en las sedes de los tres principales poderes, en lo que se consideró el ataque más grave a las instituciones democráticas desde que los militares abandonaron el poder en 1985. El gobierno de Lula había comenzado de la manera más turbulenta. El pasado 8 de enero, Brasil recordó ese mal momento para su democracia: «Hoy tenemos que celebrar la estabilidad política», dijo la ministra de Planificación, Simone Tebet.

Para Óscar González Arana, abogado colombiano, titulado en Estudios Políticos, el aumento del cuestionamiento a la democracia es que pese a su aspecto ideal, soñado y hasta romántico no resuelve los problemas fundamentales de la gente y ofrece una vida cotidiana que nada tiene que ver con la realidad: «Millones de personas viven en la miseria, el hambre, la pobreza, la iniquidad y la democracia no resuelve nada», comenta a este diario. «La teoría es muy bonita, pero en la práctica hay una violación de los derechos y libertades y limitaciones para el pueblo. Esa dicotomía con el paso de los años va haciendo mella en la democracia», añade González, que se pregunta si los pueblos que tienen hambre pueden ser realmente dignos practicantes de la democracia: «Se identifica el sistema con el voto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes empresas o multinacionales compran los votos haciendo aportes a los partidos políticos. Y en el Tercer Mundo, como en Colombia, los pobres qué democracia van a tener si venden sus votos».

Elda Cantú, editora internacional de 'New York Times', cree que uno de los principales desafíos de la democracia «es la desconfianza que existe en sus procedimientos e instituciones. En distintos países hemos visto que los procesos electorales han sido cuestionados sin que exista siempre evidencia de fraude. Es el caso de Brasil y Estados Unidos, donde ha habido movilizaciones violentas cuando se pone en duda la legitimidad del proceso de votación» manifiesta en conversación con este diario. Cantú también achaca el problema que amenaza al sistema en la erosión de las instituciones gubernamentales, «ya sea porque son infiltradas por la corrupción o el crimen organizado (Ecuador) o porque se utilizan como arma política en contra de distintos agentes sociales (Guatemala)», agrega.

Puede que no sea una crisis del sistema democrático, aseguran polítologos, sino que así es la democracia en el siglo XXI, cada vez más polarizada en dos grandes vértices, la izquierda y la derecha, el bipartidismo, acciones alternativas excluyentes que se pelean a muerte una por borrar del mapa a la otra.