El parlamento surcoreano aprueba la destitución de la presidenta del país, Park Geun-hye

El Parlamento de Corea del Sur aprobó hoy con más de dos tercios de los votos la destitución de la presidenta Park Geun-hye, implicada en el grave escándalo de la 'Rasputina coreana'.

El 'sí' al proceso de destitución ganó con 234 papeletas a favor, 56 en contra, siete votos nulos y dos abstenciones poco más de una hora después de comenzar la sesión en la que votaron 299 de los 300 representantes de la cámara baja.

La aprobación del texto implica que el primer ministro, Hwang Kyo Ahn, pasa a asumir la Presidencia en funciones. La pelota cae ahora en el tejado del Tribunal Constitucional, donde al menos seis de sus nueve jueces deben dar el visto bueno a la decisión del parlamento, en un proceso que llevaría 180 días como máximo.

En 2004, el tribunal tardó dos meses en rechazar la destitución el entonces jefe de Estado, Roh Moo Hyun, y Park ya ha advertido de que esperará esta resolución y no abandonará el cargo de forma voluntaria, como le han pedido incluso miembros de su propio partido.

La presidenta se encuentra inmersa a la mayor crisis de su carrera a raíz de que trascendiese la influencia en asuntos oficiales de una amiga ajena a la Administración, Choi Soon Sil, detenida a finales de octubre y acusada de beneficiarse económicamente de ciertos acuerdos.

Los partidos acusan a Park de haber incumplido la Constitución y otras leyes por este caso. Las denuncias contra la presidenta y su entorno han generado también movilizaciones masivas en la calle, con marchas en las que han llegado a concentrarse más de un millón y medio de personas.

Primeros movimientos

La votación de este viernes ha movilizado al Gobierno con varias reuniones urgentes, entre ellas una del Ministerio de Finanzas ante el temor de los efectos que esta tormenta política pueda acarrear en los mercados. El Ministerio de Defensa también ha ordenado intensificar el estado de alerta ante posibles amenazas.

Queda también en el aire el calendario electoral, ya que los comicios están previstos en principio para diciembre de 2017. La ley obliga a celebrar elecciones en los 60 días posteriores a la dimisión o cese de un presidente.