Las ejecuciones alcanzan su cifra más alta de la última década

Los métodos utilizados van desde la decapitación (en Arabia Saudí) hasta la asfixia con gas nitrógeno (Estados Unidos), pasando por el ahorcamiento (Egipto, Irak, Irán, Kuwait, Singapur y Siria), la inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam) y armas de fuego (Afganistán, China, Corea del Norte, Omán, Somalia y Yemen).

Una práctica liderada por China, Arabia Saudí, Irak e Irán y que su objetivo principal son los manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas. El gigante asiático sigue siendo el mayor ejecutor del mundo -se estiman por miles las ejecuciones ordenadas por Pekín-, si bien para el Gobierno chino lo considera un «secreto de Estado» y no ofrece datos sobre ello. Por tanto, la cifra global hecha pública por la ONG no tiene en cuenta los miles de ajusticiamientos en China, así como las realizadas en Vietnam y Corea del Norte, donde Amnistía Internacional cree que se utilizó ampliamente la pena de muerte.

En este sentido, el informe 'Condenas a muerte y ejecuciones 2024' destaca que Arabia Saudí (345), Irak (63) e Irán (972) son los responsables del principal aumento de esta práctica, concentrando el 91% de las ejecuciones conocidas. Sólo estos tres países son responsables de 1.380 ejecuciones, «violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo».

Y es que en contraposición al aumento general de ajusticiamientos, cada vez menos países los llevan a cabo. En 2024, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo. «Un dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante», para la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. La dirigente insiste en que esta práctica supone un «crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual» y ha recordado que «a pesar del secretismo que rodea el escrutinio en algunos países, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada».

En Europa, Bielorrusia es el único país que hace uso de la pena capital, mientras que Rusia y Tayikistán han mantenido sus moratorias. En Estados Unidos, que ha experimentado una constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de Covid-19, se ejecutó a 25 personas (frente a 24 en 2023), según recoge el informe.

El documento recuerda que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido en varias ocasiones la condena a muerte para «proteger a la población» de «violadores violentos, asesinos y monstruos». «Esto promueve un falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia», sostiene la organización.

Amnistía Internacional acusa a algunos países de Oriente Medio de utilizar las condenas de muerte con el ánimo de «silenciar a defensores y defensoras de los Derechos Humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas». «Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para callar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz», ha afirmado Callamard.

Otra denuncia de la ONG es que más del 40% de las ejecuciones del 2024 se llevaron a cabo de forma «ilícita» por delitos relacionados con el narcotráfico, una cuestión que, según la normativa internacional, no es considerada de «mayor gravedad». «Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del narcotráfico», ha subrayado Callamard.