Trump contra la prensa y los jueces

Los medios de comunicación han sido desde el principio su enemigo favorito, en clara estrategia para desacreditar de antemano las publicaciones que no le sean favorables, pero la propuesta de ayer destila un nuevo nivel de autoritarismo: ilegalizar la cobertura mediática de sus casos judiciales porque, según él, se hace «para intimidar a los jueces». Desde su punto de vista, los magistrados, incluyendo algunos del Supremo que citó con nombres y apellidos, son víctimas de una campaña de acoso, y él, mártir de una conjura universal.

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Su apuesta por ganar las elecciones para evitar la cárcel funcionó. Desde entonces la mayoría de los casos han sido archivados o desestimados. La propia fiscalía de Nueva York sugirió evitar una condena que hubiera sido incompatible con el ejercicio de su presidencia y, probablemente, anulada por el Supremo. Por esas mismas razones, el fiscal especial Jack Smith pidió que se retiraran los cargos relacionados con su participación en el intento de alterar los resultados electorales de 2020 y el robo de documentos clasificados que escondió en Mar-a-Lago. Queda en el aire el caso de intento de corrupción electoral en Georgia.

La ofensiva de Trump contra la prensa incluyó ataques contra medios «corruptos» y comentaristas de televisión a los que citó con nombre y apellidos, pero no se limita a los discursos. En los últimos meses, ha emprendido acciones legales en casos civiles contra medios de comunicación como ABC y CBS, que están optando por pagarle a título personal compensaciones multimillonarias para evitar represalias del gobierno en otros negocios del conglomerado: 15 millones en el caso de ABC por difamación, hasta 20 millones, aún en mediación, a CBS, por editar la entrevista de Kamala Harris durante la campaña, en un momento en que la empresa necesita la aprobación del gobierno para la fusión de Paramount y Skydance Media, y otra contra el Des Moines Register, enredada en los tribunales, donde acusa al periódico de haberse equivocado fraudulentamente en la encuesta que le daba como perdedor de los caucus de Iowa.

Fiel a su estilo, el carrusel legal no parará. La justicia es el último flanco defensivo de la democracia estadounidense frente a los abusos de poder del ejecutivo. Trump cuenta con que sus decisiones serán retadas en los tribunales y necesita de los jueces para no tener que incurrir en una crisis constitucional que le obligue a descender aún más hacia el autoritarismo. En todos los casos, la nueva administración alega falta de méritos para continuar los procesos, lo que ha generado críticas sobre una posible intervención política en el sistema judicial.

El presidente argumentó que la prensa ha tratado a los jueces conservadores del Supremo Thomas, Kavanaugh, Gorsuch y Roberts «increíblemente mal», con el objetivo de «torcerlos en su favor». Trump cree que la prensa «distorsiona los hechos para influir en la opinión pública y el poder judicial» y acusa a los jueces de «cosas horribles, como incompetencia» para que ceda. «Algunas veces son débiles y caen», les compadeció. Notablemente ausente de su discurso estaba la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que enfrenta un aluvión de críticas de la ultraderecha por haber dado con su voto la victoria a la minoría progresista al dictar en contra del intento de su gobierno de bloquear 2.000 millones de dólares en ayudas oficiales. La administración aún no ha acatado la sentencia.

El acto de ayer, teóricamente dedicado a la reforma del Departamento de Justicia, derivó en un ajuste de cuentas contra fiscales, magistrados y periodistas, en el que también animó a los funcionarios del Justicia a investigar a los medios. «Expondremos de manera contundente, sus crímenes más atroces y su grave mala conducta, a niveles nunca antes vistos. Será histórico», prometió. «Como también lo será para aquellos que logren destaparlo e impartir justicia».