La Fiscalía francesa pide que juzguen por homicidio voluntario al policía que mató al adolescente Nahel

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Después de que quitaran la vida a ese adolescente que conducía un vehículo sin carné de conducir en Nanterre, en el noroeste de la periferia parisina, los policías implicados dijeron que habían actuado de esa manera porque había acelerado y dirigido su coche hacia ellos. Esa versión se vio contradicha por una serie de vídeos grabados por ciudadanos y compartidos en las redes sociales. En ellos se veía cómo el vehículo estaba atorado y controlado por uno de los policías cuando el otro disparó desde la ventana a ese joven, con orígenes argelinos. En su decisión comunicada este martes, la Fiscalía ha pedido que no juzguen al otro agente que intervino en esa operación.

«No había otra calificación posible en este caso, el gesto fue voluntario y la intención de matarlo resultó evidente», ha reaccionado Frank Berton, el abogado de la madre de Nahel. Su familia, según este letrado, está «aliviada» tras la decisión de la Fiscalía. En cambio, el abogado del agente ha denunciado «errores jurídicos» y ha dicho que espera que los jueces no sigan el criterio del Ministerio Público. Por ahora, se desconoce cuándo se celebrará el juicio sobre este caso de violencia policial, que suscitó la oleada de disturbios de mayor intensidad en Francia desde 2005.

Después de haber matado a ese adolescente, Florian M., de 38 años, pasó cinco meses en prisión preventiva y fue imputado por homicidio voluntario. Este tipo de delito es castigado en Francia con una pena máxima de 30 años de prisión. El homicidio voluntario conlleva intencionalidad y solo se diferencia del asesinato por la premeditación. El sindicato policial Alliance, cercano a la ultraderechista Agrupación Nacional, ha tachado «de inaceptable» la decisión de la Fiscalía y ha pedido que los agentes se concentren el miércoles en las comisarías para manifestarse contra esa decisión.

Tras una semana de violencias nocturnas, la revuelta de las banlieues comportó dos muertos, destrozos en más de 2.500 edificios y más de 3.650 detenidos, muchos de los cuales eran menores y no tenían antecedentes. Ese estallido no solo reflejó el profundo malestar en esos distritos con una población multicultural y elevados niveles de pobreza, sino también conmocionó a una parte significativa de los habitantes del país vecino, que asistieron atónitos a una sucesión de noches con altas dosis de violencia. La Asamblea Nacional aprobó en febrero una propuesta de ley que endurece la justicia de los menores, siendo esa la principal respuesta política a los hechos del verano de 2023.

Antes de la muerte de Nahel, el uso excesivo de la fuerza policial ya había suscitado múltiples controversias. Así sucedió con el homicidio en 2020 del repartidor Cédric Chouviat, al que quitaron la vida con un placaje ventral por parte de tres agentes, o la de Steve Caniço, de 24 años, que murió ahogado en el río Loira tras una polémica intervención de las fuerzas de seguridad para dispersar una fiesta nocturna. También generó una intensa polémica la respuesta a las manifestaciones violentas de los «chalecos amarillos», que dejó un balance de 30 manifestantes que perdieron un ojo o seis que se quedaron sin una mano. Desde entonces, el problema de la violencia policial sigue sin haberse resuelto en Francia.