El Reino Unido investiga a una unidad del SAS por la muerte de 54 civiles en 2010 en Afganistán

Considerado un crimen de guerra, ahora el Gobierno de Rishi Sunak ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido hace más de una década. Andrew Murrison, el ministro de Defensa, se ha mostrado a favor de una «investigación legal independiente» después de años de negativas gubernamentales a una iniciativa de esta envergadura. Las pesquisas se centrarán, concretamente, en las acusaciones de asesinato a sangre fría de 54 afganos en noviembre de 2010, imputadas a una unidad del SAS en la provincia de Helmand, un área de alto riesgo donde eran comunes las emboscadas y las bombas en las carreteras por parte de los talibanes. El principal objetivo del batallón, cuya operación se alargó durante seis meses, era arrestar a los comandantes talibanes e interrumpir las redes de fabricación de explosivos.

Varios informes militares e investigaciones, entre ellas una de la cadena británica BBC, apuntaron a que estas fuerzas especiales acabaron ilegalmente con la vida de 54 personas y que los hechos eran conocidos por el exjefe del SAS, el general Mark Carleton-Smith, pero por motivos que se desconocen no fueron investigados. «Demasiadas personas estaban siendo asesinadas en redadas nocturnas y las explicaciones no tenían sentido», aseguró a la BBC un alto oficial que trabajaba en el cuartel general de la unidad. Agregó que existía una «preocupación real» por las actividades del escuadrón, ya que «una vez que alguien es detenido no debería terminar muerto. Que sucediera una y otra vez estaba causando alarma en el cuartel. Estaba claro que algo andaba mal».

Según los documentos revisados, las muertes de civiles seguían un patrón similar. El 29 de noviembre de 2010, los soldados abatieron a un hombre al que habían encerrado en un edificio supuestamente desarmado, pero que luego «intentó enfrentarse a la fuerza con una granada». El 15 de enero de 2011, se repitió la misma situación, pero esta vez, el detenido «metió la mano detrás de un colchón, sacó una granada de mano e intentó arrojarla». Los días 7, 9 y 13 de febrero, otros afganos murieron tras intentar «enfrentarse a la patrulla con un rifle». El 16 del mismo mes, el batallón mató a dos detenidos después de que uno sacara una granada «de detrás de las cortinas» y el otro «tomara un AK-47» escondido bajo una mesa. El 1 de abril los informes registran un altercado idéntico con el resultado de dos supuestos talibanes muertos. La BBC afirma que el número total de fallecidos en situaciones así sobrepasaría el centenar durante el semestre que los SAS ocuparon la región.

Varios correos electrónicos internos de la época muestran la incredulidad de los oficiales ante esta cadencia letal. «Debe ser la décima vez en las últimas dos semanas» que la unidad encierra a un detenido y éste «reaparece con un AK», señala uno de los mensajes. «B (afgano detenido) intentó abrir las cortinas, agarró una granada que estaba detrás y la arrojó al C (equipo del SAS). Afortunadamente no se activó. Ésta es la octava vez que sucede... ¡No podrías inventarte algo mejor!», le espeta en otro mail a los mandos de la unidad un oficial de operaciones. Se da la circunstancia de que este equipo era el único de todos los desplegados en Afganistán que comunicaba este tipo de enfrentamientos. Según la BBC, algunos soldados reconocieron que sus compañeros habían matado a civiles desarmados durante las redadas nocturnas y después les colocaron rifles AK-47 para justificar su asesinato.

Los hechos fueron denunciados por el bufete de abogados Leigh Day en nombre de un ciudadano afgano, quien alegó que su padre, dos hermanos y un primo suyo murieron durante una de las polémicas operaciones del SAS en un complejo del sur de Afganistán. Las pruebas presentadas por los letrados ante un tribunal superior revelaron que los detenidos en esas batidas eran a menudo separados de sus familias y «asesinados a tiros» después de que se dijera que habían sacado «inesperadamente» una granada de mano o un AK-47.

El bufete ha solicitado una revisión judicial tras argumentar que el Ministerio de Defensa británico no analizó adecuadamente los crímenes. La última investigación sobre las denuncias de más de 600 delitos cometidos por estas tropas de élite en Afganistán se cerró en 2019 sin que se iniciaran acciones judiciales. El Ministerio argumentó entonces que no se encontraron pruebas de delito alguno.

«Esta investigación especial es bienvenida y debe tener éxito. Es fundamental proteger la reputación de nuestras fuerzas especiales británicas, garantizar la integridad de las investigaciones militares y asegurar la justicia para cualquiera de los afectados», mantiene John Healey, secretario de Defensa de la oposición laborista. El juez Lord Justice Haddon-Cave estará al cargo de las pesquisas, que comenzarán «en 2023», según Murrison. La noticia ha alegrado al primer denunciante afgano de estos supuestos crímenes. «Nunca pensé que esto sucedería. Estoy extremadamente feliz de que haya personas que valoren la pérdida de vidas de mi familia, de afganos, lo suficiente como para investigar», ha declarado.