Las defensas del presunto amaño alegan que la fiscalía recurrió fuera de plazo

Nuevo capítulo en la causa del presunto amaño del Levante–Zaragoza de 2011. Si 2019 terminó con la fiscalía recurriendo la sentencia absolutoria, el año 2020 ha arrancado con otro giro. Los abogados defensores han presentado alegaciones argumentando que el escrito del Ministerio Público fue presentado fuera del plazo estipulado. Los juzgados resolverán en las próximas semanas.

El pasado 9 de diciembre, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia absolvió a los 36 jugadores del Levante y el Zaragoza acusados de un delito de corrupción deportiva. El magistrado entendió que no había quedado probado que la salida de 1,73 millones de las arcas del club aragonés estuviera destinada a sobornar a los futbolista granotas. En cambio, sí condenó a un año y tres meses de prisión a dos exdirectivos de la entidad maña por falsedad documental. Se trata del expresidente Agapito Iglesias y el exdirector financiero Javier Porquera.

A finales de diciembre, la fiscalía reaccionó recurriendo la sentencia absolutoria. Entiende que el magistrado no valoró de forma conjunta toda la prueba de indicios expuesta durante el macrojuicio, por lo que reclama la revocación del fallo. Las acusaciones particulares, que son la Liga y el Deportivo, no han confeccionado un escrito propio, sino que se han adherido al del Ministerio Público. De esta forma, le corresponderá a la Audiencia de Valencia decidir sobre el destino de los 36 exjugadores de ambos equipos.

El pasado lunes expiró el plazo para impugnar el recurso de la fiscalía y los letrados de los 36 jugadores han presentado alegaciones relacionadas con el fondo y la forma. Además, Javier Alberti, abogado del exportero del Zaragoza Leo Franco, se ha opuesto a la admisión a trámite del escrito del Ministerio Público al sostener que llegó fuera de plazo.

El abogado del exguardameta alega que el plazo para recurrir la sentencia se agotó el 26 de diciembre a las 15 horas contando el día de gracia y la fiscalía presentó su escrito el 27. El letrado aduce que no debe ser admitido a trámite. Una petición a la que ya se han adherido la mayor parte de los abogados defensores, aunque todo apunta a que tiene pocas vías para prosperar.

Si el recurso del letrado de Leo Franco es desestimado, la causa del presunto amaño recaerá sobre la Audiencia de Valencia, que puede tardar entre seis meses y un año en resolver según las previsiones.