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No han prosperado las alegaciones contra el recurso que interpuso la fiscalía por la sentencia del presunto amaño del Levante–Zaragoza de 2011. El juez ha desestimado el escrito presentado por los abogados defensores de varios exfutbolistas de ambos equipos. El magistrado sostiene que el Ministerio Público actuó dentro del plazo contemplado por la Ley.
El pasado 9 de diciembre, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia absolvió a los 36 jugadores del Levante y el Zaragoza acusados de un delito de corrupción deportiva. El magistrado entendió que no había quedado probado que la salida de 1,73 millones de las arcas del club aragonés estuviera destinada a sobornar a los futbolista granotas.
La fiscalía reaccionó recurriendo la sentencia absolutoria. Considera que el magistrado no valoró de forma conjunta toda la prueba de indicios expuesta durante el macrojuicio, por lo que reclama la revocación del fallo. Las acusaciones particulares, que son la Liga y el Deportivo, no confeccionaron un escrito propio, sino que se adhirieron al del Ministerio Público. De esta forma, le corresponderá a la Audiencia de Valencia decidir sobre el destino de los 36 exjugadores de ambos equipos. Según las previsiones, puede tardar entre seis meses y un año.
El pasado mes, Javier Alberti, abogado del exportero del Zaragoza Leo Franco, se opuso a la admisión a trámite del escrito del Ministerio Público al sostener que llegó fuera de plazo. El letrado alegó que el período para recurrir la sentencia se agotó el 26 de diciembre a las 15 horas contando el día de gracia y la fiscalía presentó su escrito el 27.
Las defensas de once futbolistas se adhirieron al recurso del letrado de Leo Franco. Sin embargo, ha sido desestimado por el juez. El magistrado explica que la sentencia no fue notificada formalmente a la fiscalía hasta el 10 de diciembre y que, teniendo en cuenta el día de gracia, el plazo expiraba el 27 a las 15 horas. Sostiene que el escrito de apelación fue presentado dentro del período estipulado y que no existe ninguna ventaja procesal respecto a las demás partes, que recibieron la notificación el día anterior.
El juez expone otro argumento y recuerda que el abogado del exconsejero del Zaragoza Francisco Checa solicitó una rectificación de la sentencia por un error en un nombre. Este escrito se resolvió el 7 de enero. El magistrado indica que los plazos para los recursos se interrumpen en el momento en que se pide una aclaración o subsanación.
De esta forma, el recurso de la fiscalía contra la sentencia absolutoria queda admitido a trámite. El abogado de Leo Franco tiene la posibilidad de apelar ante la Audiencia de Valencia.
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