Los futbolistas reclaman la nulidad del macrojuicio por la denuncia de Tebas

El juicio por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011 arrancó ayer como era previsible, con más de una hora de retraso. Una vista con 42 acusados, 36 de ellos futbolistas o exfutbolistas profesionales, siempre resulta complicada de ajustar al horario previsto. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia judicial española. Es la primera vez que el amaño de un partido de fútbol y el cobro de comisiones por dejarse ganar impulsan un procedimiento penal. Y este ha terminado en juicio. Todo un aviso de cara al futuro de los clubes y futbolistas. El mensaje de que alterar la competición puede tener graves consecuencias penales. De hecho, Anticorrupción reclama dos años de prisión para los deportistas por corrupción deportiva y cuatro a los directivos del Zaragoza a quienes suma también la imputación de una falsedad documental. La Liga, que junto al Deportivo de La Coruña, ejerce también la acción penal, reclama cuatro años de cárcel. El conjunto gallego descendió de categoría tras la derrota del Levante en el Ciutat de València.

Las cuestiones previas agotaron la jornada. Las defensas trataron de 'cargarse' el juicio con diferentes peticiones de nulidad. En la que hubo más consenso y sobre la que profundizaron diferentes letrados fue en la actuación del presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas. El directivo, que también es abogado, denunció los hechos tras una conversación con un cliente -un jugador del Zaragoza- en su despacho profesional. El abogado del Zaragoza, entidad acusada como persona jurídica, manifestó que Tebas «prescindió de su secreto profesional y denunció a su propio cliente». «No entiendo cómo podemos estar celebrando este juicio», añadió. La defensa concluyó que se había producido una grave vulneración del derecho a la intimidad y de defensa.

Buena parte de las representaciones legales hicieron suya la crítica a la actuación profesional de Tebas. El abogado de Gabi y Lafita profundizó en la deslealtad del presidente de la Liga cuando actuaba como letrado. «Se trata de una vulneración bestial», lamentó. El profesional insistió en que la denuncia se cimenta en los hechos que le relata este cliente y que este procedimiento, sin duda, es «anómalo» y rompe las reglas del juego, en concreto, las de un juicio con todas las garantías.

La identidad de la persona que acudió al despacho de Tebas no se conoce hasta la fecha. Las defensas sugieren que es uno de los acusados de este proceso, aunque mantienen su anonimato. Si así fuera, según este letrado, «estaríamos hablando de un delito con consecuencias penales para el propio Tebas».

La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, defendió con vehemencia la legalidad de la actuación de Tebas. El fiscal sostuvo que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental en esta investigación. Por un lado, porque el presidente de la Liga no conculcó ninguna norma y obtuvo la información de manera legítima. «¿Dónde está el ilícito?», reflexionó. Ironizó en que Tebas no puso micrófonos ni invadió la intimidad de nadie. Es más, reprochó a los letrados que se quejan de la actuación de su compañero que nunca lo denunciaran ante el Colegio de Abogados. «No lo hicieron porque no podían», precisó. La razón es que si esa violación del secreto profesional se ha producido debe tener al menos un perjudicado, es decir, el cliente que supuestamente se vio traicionado por la indiscreción de Tebas. Y esta persona -se ignora su identidad- no ha presentado ninguna denuncia. Es decir, no se puede alegar la vulneración de este derecho cuando el propio perjudicado no lo ha reclamado. Asunto diferente sería el derecho a un juicio con todas las garantías, circunstancia que sí puede ser alegada por un tercero, como planteó otro de los letrados. Las acusaciones, no obstante, defienden que se desconoce exactamente el contenido del relato que le trasladaron a Tebas y si el supuesto futbolista pudo autorizarle a que usara aquella información para acudir a las autoridades.

El abogado de la Liga, por su parte, recordó que la primera información que le llega a Tebas fue a partir de una llamada de Lendoiro, entonces presidente del Deportivo. Las sospechas se completan posteriormente con una conversación que mantiene con Fernando Roig, máximo responsable del Villarreal. Y más tarde se celebra la reunión con el misterioso cliente. Pero este sería siempre el último paso de una serie de circunstancias que finalmente llevan a Tebas a denunciar.

Esta cuestión es una de las que deberá resolver el titular de Penal 7 de Valencia. Puede hacerlo hoy -algo poco probable- o posponer su decisión a la sentencia. Otra de las cuestiones previas que se plantearon durante la jornada fue que se exima a los jugadores de acudir a todas las sesiones del proceso. El fiscal no puso impedimento, pero adelantó que se haga una dispensa general para todos los acusados.

Las acusaciones cuentan fundamentalmente con tres indicios para tratar de lograr una sentencia condenatoria. Uno son las salidas de fondos, cerca de un millón de euros, que fueron transferidos desde el Zaragoza a varios jugadores del club sin que se conozca el motivo. Esto coincide con la sorprendente reducción del gasto de numerosos jugadores del Levante en los meses posteriores al encuentro, durante las vacaciones de verano. Un informe del Ministerio de Hacienda así lo acredita.

Y, por último, sobresale en la causa un informe que ha aportado la Liga y que apuntala la idea de que el encuentro estaba amañado por el minucioso análisis de todas las estadísticas que lleva a concluir que no hubo tensión competitiva. El juez también debe decidir si acepta el informe. Las defensas lo han impugnado al ser una prueba preparada directamente por una de las acusaciones.