Una venta vigilada por la ley

El Protectorado de Fundaciones, órgano que depende de la actual conselleria de Gobernación, vela por todas las operaciones que afectan a este tipo de instituciones. En este caso, la Fundación Cents Anys tampoco escaparía a esa tutela pública en el caso de que la propuesta de compra de la mayoría accionarial del club puesta el pasado lunes encima de la mesa tomara velocidad de crucero. Toda operación necesita una causa.

El artículo 22 de la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana es la clave para que un hipotético proceso de venta, en este caso del 72% de las acciones del Levante, llegue a buen término. La norma señala que para la enajenación de cualquier bien o derecho que integra el patrimonio de una fundación debe estar justificada la conveniencia de esos actos.

Además, en el caso de que el valor de esos bienes supere el 20% del activo de la fundación del último balance cerrado -en este caso se está hablando de más del 70% de las participaciones- la operación deberá estar sustentada «por una valoración pericial que acredite la adecuación a precios de mercado de la contraprestación económica que vaya a recibir la fundación, que deberá ser debidamente comprobada por el Protectorado. A tal efecto, si dicha valoración hubiera sido realizada por una sociedad de tasación inmobiliaria de las inscritas en el Registro Oficial del Banco de España, se presumirá adecuada a precios de mercado».

El punto segundo de la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valencia establece que una hipotética venta requerirá la previa autorización del Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada. En estos casos, es cierto que no sería difícil encontrar un motivo para justificar la operación. En virtud del comunicado que la propia Fundación emitió tras la reunión del lunes -fue colgado en la web del club y leído por José Manuel Fuertes, presidente del órgano propietario de las acciones- en principio no se presupone ninguna causa para vender el Levante. De hecho, en ese breve comunicado se insiste en que no hay necesidad en estos momentos de realizar una operación de venta gracias al músculo económico pero se podrían buscar otros motivos.

El patronato se reunirá el próximo martes, aunque hay instituciones que no han nombrado a su patrono, como es el caso de la Generalitat, que no cubrió esa plaza desde que dejó el cargo público Rafael Ripoll. El Ayuntamiento de Valencia, que acaba de cambiar de gobierno, y la Diputación, que no se constituirá hasta julio, son otros dos interrogantes para la reunión del próximo martes 23.