Calp aprueba la cesión a Educación de 30.000 metros cuadrados para barracones

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado por unanimidad este martes la cesión temporal de cerca de 30.000 metros cuadrados de terreno a favor de la Conselleria de Educación para la ubicación de aulas prefabricadas para dar cabida a la demanda de escolarización del municipio. El periodo de cesión es de 5 años porque así lo determina la legislación.

Una vez cedido el consistorio invertirá cerca de tres millones de euros en la adecuación del terreno y la instalación del suministro de agua, luz y alcantarillado. En estos momentos se está redactando el proyecto de adecuación y posteriormente se licitarán las obras. Una vez finalizadas, la Educación trasladará los módulos.

La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que «cumplimos con los compromisos que adquirimos con la comunidad escolar hace unas semanas, ya hemos cedido 30.000 metros para el nuevo IES y ahora otros 30.000 metros para la sección, falta que conselleria agilice los proyectos del nuevo instituto y el CEE Gargasindi».

Toni Tur, de Defendamos Calpe, ha acusado al gobierno local de no prever cuestiones tan importantes como las instalaciones educativas y destinar el remanente a proyectos como centros educativos. Según ha señalado, «el colapso educativo lleva muchos años porque nunca se han atendido las necesidades educativas del municipio».

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Paco Fernández, ha anunciado el voto favorable de su partido. El edil ha afirmado que «nos parece positiva la cesión de los terrenos y solicitamos la máxima celeridad en el acondicionamiento de los mismos». También ha incidido en que en esta materia hay que «ir todos a una porque es un tema de interés común, para que Calp tenga unas infraestructuras educativas dimensionadas a su población hablaremos con quien haga falta».

El socialista Guillermo Sendra ha destacado «tenemos un grave problema de emergencia educativa que ha sido generado por conselleria, no por esta Corporación, ahora hay que resolver el problema y no podemos hacerlo con más celeridad, hemos buscado soluciones inmediatas».

A estas palabras, el nacionalista Ximo Perles ha añadido que «pienso que es un fracaso de la política educativa, nos piden terrenos para crear colegios que no están ni proyectados como el cuarto colegio, no se plantea la construcción de un colegio definitivo, lo que reclamo es que se inicie la planificación del nuevo colegio y el nuevo IES y que las prefabricadas sean realmente temporales».

En este punto, Juan Manuel del Pino, concejal de Territorio y Urbanismo, ha querido destacar que el Ayuntamiento de Calp no sólo ha cedido terrenos en zona verde a la conselleria, sino que va a invertir cerca de tres millones en adecuarlo para unas instalaciones que son provisionales. «El Consistorio está realizando un esfuerzo que va más allá de sus competencias, hemos hecho un gran esfuerzo para traer este punto a pleno cuando Conselleria no informó hasta el 31 de enero de la ubicación provisional de los centros», ha recalcado.

En el mismo pleno y fuera del orden del día se ha hecho público el informe del secretario municipal en el que repasa los distintos pasos administrativos del Pla Edificant en Calp para concluir que «existe una clara contradicción entre la normativa autonómica de delegación y la normativa básica, por el hecho de atribuir a la entidad local la obligación de financiar a la comunidad autónoma por unas obras que son de su competencia, pues se le obliga a financiar la ejecución de la obra por encima de los recursos asignados». También apunta que «el Ayuntamiento de Calp no puede financiar unas obras que son competencia de la Generalitat, esto es, no puede subvencionar algo que está fuera de la esfera de las competencias locales».

Por tanto, según el informe, «no puede suscribirse un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y la Generalitat para financiar una obra que es competencia de la comunidad autónoma, pues el convenio se firma en el ejercicio de las competencias propias de cada administración y el consistorio no es competente para la construcción de centros educativos de educación especial ni de educación secundaria obligatoria». Por ese motivo, el secretario municipal recomienda que la alcaldesa solicite dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para que se pronuncie sobre esta cuestión.

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