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R. González/R. D.
Calp
Miércoles, 5 de marzo 2025, 14:41
La denuncia de un turista francés el pasado mes de octubre en la que aseguraba que el nicho de su hermana estaba ocupado por otro difunto condujo al Ayuntamiento de Calp a crear una comisión para investigar lo sucedido en el cementerio municipal y para determinar si se habían producido más casos en el periodo comprendido entre 2010 y 2026. Un informe preliminar ha revelado 45 casos de traslados individuales que requieren revisión para determinar si se trata de exhumaciones ilegales.
La Comisión de Investigación del Cementerio Municipal «ya se ha puesto en marcha. Presidida por el concejal del Parque de Descanso Eterno, Marco Bittner, este martes celebró su primera reunión, que contó con la presencia de representantes de todos los grupos municipales del consistorio. De esta forma se hacía efectivo el acuerdo del pleno de noviembre de crear una comisión para investigar posibles casos de exhumación ilegal de nichos en el cementerio municipal sin consentimiento de los herederos legales.
Constituida por ediles del equipo de gobierno, representantes de los distintos partidos y técnicos municipales, esta comisión pretende esclarecer posibles irregularidades en la gestión de concesiones funerarias y traslados de restos que tuvieron lugar entre 2010 y 2016. La Comisión ha establecido las bases de su funcionamiento y ha acordado un plan de trabajo exhaustivo.
El responsable del cementerio ha elaborado un informe técnico en el que detalla los procedimientos y registros de los traslados efectuados durante ese periodo de tiempo. En él se detallan alrededor de 45 posibles casos que se deben revisar. Este documento se trasladó ayer a los integrantes de este órgano. Según fuentes municipales, esta cifra «no es definitiva ya que la comisión realizará una criba exhaustiva para determinar cuáles fueron realmente inadecuados según la normativa vigente en cada momento».
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La comisión, que se reunirá de forma trimestral, ha establecido ya las primeras directrices a seguir. Va a revisar el marco legal y normativo aplicable a las concesiones funerarias y analizará los procedimientos administrativos seguidos para las notificaciones y traslados. También evaluará el organigrama de responsabilidades y los actores involucrados en la toma de decisiones de todo el procedimiento.
De momento, en el análisis preliminar realizado se han detectado ciertos patrones en los casos. Para empezar, esos traslados se han concentrado sobre todo en los años 2012 y 2015. Y a ello se le sumaría la posibilidad de que la nacionalidad de la persona fallecida fuera uno de los factores de las exhumaciones ilegales.
Otro aspecto importante es que la comisión abordará las posibles medidas de reparación para las familias afectadas. En próximas sesiones ya se concretará este aspecto. Marco Bittner ha puesto de relieve que «nuestro compromiso es realizar un trabajo riguroso y transparente que esclarezca lo sucedido y establezca las responsabilidades correspondientes». El presidente de la comisión también ha insistido en que «buscamos garantizar que situaciones similares no vuelvan a producirse, reforzando si es necesario los protocolos y la normativa municipal».
Cabe recordar que en octubre el cementerio de Calp protagonizó nuevo escándalo. Un turista francés denunció en redes sociales que el nicho de su hermana, enterrada allí en 1973, estaba ocupado por otro difunto. La familia esta de vacaciones en la localidad yel hombre se acercó al camposanto para visitar la tumba de su hermana. Para su sorpresa, el nombre de la niña ya no figuraba en la lápida del nicho, que era a perpetuidad.
En 2015 se había realizado un nuevo enterramiento sin que los familiares tuvieran conocimiento de que los restos habían sido exhumados. Tras una investigación, se pudo localizar los restos de la niña. Se encontraban en otro nicho diferente.
No era la primera vez que pasaba algo así en este camposanto. El anterior caso afectó a un nicho muy próximo al que ocupaba la niña francesa. También había pertenecido a una persona extranjera fallecida en 1973. Este incidente anterior se saldó con un fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, en julio de 2024, en el que se condenaba a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación a un exconcejal y a un técnico del Ayuntamiento de Calp por exhumar de forma ilegal a un difunto de un nicho para enterrar en su lugar a la abuela del técnico.
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