Calp pierde en un día dos batallas en su guerra contra la ampliación de la piscifactoría

«Abominable». Así calificó a finales del pasado mes de junio la alcaldesa de Calp, Ana Sala, el proyecto de ampliación de la piscifactoría instalada en las aguas de la turística localidad de la Marina Alta y que no sólo cuenta con la oposición del gobierno local, sino con la de la mayor parte del tejido económico y productivo de la ciudad y buena parte de la sociedad calpina.

Sin embargo, el proyecto sigue adelante y el Consistorio recibía este mismo miércoles un jarro de agua fría en su lucha por paralizarlo al conocer que el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento en abril había sido desestimado.

Esa fue sólo una de las malas noticias a las que tuvo que hacer frente el gobierno de Calp ya que ese mismo día, durante el transcurso de una visita realizada a la localidad, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, aseguraba que, pese a apoyar el rechazo mayoritario de la sociedad de Calp, no cuenta con las herramientas legales necesarias para paralizar la ampliación.

Mollà visitó Calp con ese proyecto en el centro de su agenda y para ello mantuvo una reunión con la alcaldesa, Ana Sala, y otros concejales así como con responsables de la Cofradía de Pescadores, del Real Club Náutico de Calpe y Asociación de Empresarios de Calp (Aemco) para abordar el rechazo municipal a la ampliación de la piscifactoría.

Durante el transcurso de ese cónclave, Sala tuvo la oportunidad de explicarle a la consellera los motivos del rechazo a esta instalación que supone una concesión de 550.000 metros cuadrados en una zona que consta de 45 jaulas flotantes de 25 metros de diámetro y 21,5 metros de profundidad con capacidad para producir 3.000 toneladas de pescado al año. Una motivación que la alcaldesa centró en cuestiones como el impacto paisajístico, medioambiental y económico para el municipio.

Por desgracia para los intereses municipales, la consellera ha insistido en que el procedimiento está resuelto técnicamente y que desde el punto de vista técnico y administrativo el estudio de la Conselleria “es impoluto”.

Mollà, de hecho, aseguró que cualquier intromisión por su parte en un procedimiento en el que “se ha cumplido la normativa” supondría no sólo una irregularidad política, sino también un delito ya que “yo no tengo capacidad para revocar esta autorización porque sería prevaricar”.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica también expuso en esa misma reunión que “el impacto visual y paisajístico no se evalúa por esta Conselleria” ya que “nosotros no informamos sobre el paisaje” y ha propuesto que las analíticas que las empresas concesionarias están obligadas a presentar sobre el impacto medio ambiental de estas instalaciones se publique en la web de la Conselleria para que sean públicas.

Pese a estos importantes reveses, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha insistido en que “seguiremos luchando porque no queremos esa piscifactoría en nuestra costa” y avanzaba que ahora ha llegado el momento de “estudiar los pasos a seguir, pero no nos damos por vencidos”.

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