Calp recurre a la FVMP para impulsar una modificación de la ley urbanística valenciana

Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de la Comunitat Valenciana tiene algunos aspectos que pueden perjudicar a los ayuntamientos sin ser su culpa. Eso puede ocurrir cuando les solicitan una licencia de construcción y están pendientes de una evaluación ambiental estratégica que puede tardar más de los dos años que están establecidos como máximo para la suspensión de licencias. Ante esta situación, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, se ha dirigido al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para impulsar un cambio en esta ley.

Sala ha dado este paso para que su reivindicación tenga más fuerza que si sólo partiera de algún Ayuntamiento de forma individual. En una misiva le ha trasladado a la federación su preocupación y le ha pedido su ayuda para que el periodo del trámite de evaluación ambiental estratégica, a la que se somete la totalidad del planeamiento de todo el país, no contabilice en el plazo de dos años de otorgamiento de licencias con el fin de evitar problemas jurídicos y económicos a los Consistorios.

Según han remarcado fuentes municipales, el trámite de evaluación ambiental conlleva la intervención de varias administraciones con distintas competencias y supone recabar informes para adecuar el planeamiento y consensuar medidas que mejoren el resultado final del planeamiento. Ese trámite, que ya no depende de la administración local, puede alargarse en el tiempo. Sin embargo, esta medida cautelar no ha sido adaptada a este nuevo escenario, ya que su duración se establece en un periodo máximo de dos años cuando la evaluación puede prologarse durante mucho más tiempo, lo que puede derivar en efectos indeseados para el Ayuntamiento.

El resultado de esta "incoherencia" es que los municipios a menudo se ven inmersos en procesos judiciales o incluso son condenados a elevadas indemnizaciones por no otorgar licencias mientras se tramita la evaluación ambiental estratégica. Por ello la alcaldesa solicita la adaptación del artículo 68 del texto refundido de la LOTUP, de manera que el plazo de dos años quede suspendido con el inicio de la evaluación y que se reanude con la emisión de la resolución del informe ambiental.

En ese sentido, Ana Sala ha señalado que “esta medida vendría a proteger a los Ayuntamientos, es una medida positiva para el municipalismo independientemente del signo político”. Según ha recalcado, esta falta de adaptación de los tiempos “está provocando gravísimos problemas en nuestros municipios ya que aboca a los Ayuntamientos a otorgar licencias no queridas por el nuevo planeamiento o a soportar cuantiosas indemnizaciones por no otorgar esas licencias”.

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