Detenidos cuatro hombres durante una inspección agrícola en Pego

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, ha llevado a cabo la detención de cuatro personas con órdenes de búsqueda por diferentes organismos judiciales, tanto nacionales como internacionales. Estos arrestos se produjeron en Pego durante las inspecciones agropecuarias que se realizan en el marco de la campaña de los cítricos en la Marina Alta.

El Equipo Roca de la Compañía de Calp, junto con un inspector de trabajo, realizó una inspección en una finca de Pego el pasado 9 de enero. Durante esa actuación, se detectó una cuadrilla de más de 20 trabajadores en un terreno de mandarinas, por lo que los agentes procedieron a su identificación. Tras diversas gestiones, pudieron verificar las identidades de todos ellos y comprobaron que cuatro de ellos tenían asuntos pendientes con la justicia.

Un hombre de 52 años contaba con una requisitoria judicial del Juzgado de Instrucción nº 4 de Sueca por hechos relacionados con delitos contra la seguridad vial. Y otro de 35 años estaba siendo buscado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Verín (Ourense) por otro delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin permiso.

En cuanto a los otros dos arrestados, ambos tienen 49 años de edad. Uno de ellos tenía una orden de prohibición de entrada al territorio nacional hasta septiembre de 2027, emitida por la Delegación del Gobierno de Valencia, y sobre el otro pesaba una orden europea de detención y extradición emitida por Sistema de Información de Schengen de Polonia por delitos contra el orden público ocurridos en este país. Tras comprobar la vigencia de esta orden con la oficina de Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional, se confirmó que llevaba 18 años siendo buscado por estos hechos.

Los dos detenidos relacionados con los delitos contra la seguridad vial fueron puestos en libertad tras pasar a disposición judicial. Los otros dos individuos quedaron a disposición de las autoridades competentes, para proceder a su expulsión de territorio nacional o a su traslado ante las autoridades polacas.

Desde el instituto armado han destacado que con estas actuaciones la Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos ocurridos en el ámbito rural. Vela tanto por la seguridad de los trabajadores como por el cumplimiento de la legalidad vigente.

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