La empresa del PAI de Llíber denuncia al diputado Fullana por sus críticas al proyecto

La tensión a raíz del PAI Medina Llíber que prevé la construcción de 488 viviendas en ese pueblo del interior de la Marina Alta no cesa. La empresa constructora, Vapf, ha denunciado al diputado nacionalista Gerard Fullana por sus críticas al proyecto, según ha hecho público este miércoles Compromís.

La mercantil «lo denuncia citándolo a un acto de conciliación previa interporsición de una querella», señala la coalición en un comunicado.

Según ha explicado, semanas atrás la empresa repartió centenares de panfletos en pueblos de la Vall de Pop «donde atacaban al diputado de Gerard Fullana por las sus opiniones y acciones jurídicas contra el PAI». En su opinión, se trataba de la respuesta de la mercantil a los vídeos que Fullana elaboró para denunciar los efectos derivados de esta actuación urbanística prevista en Llíber, que conllevará «la destrucción de patrimonio natural» a través de un PAI que, según la coalición, «tendría importantes irregularidades y por este motivo se han interpuesto varias demandas tanto desde la coalición como desde ayuntamientos vecinos» gobernados por Compromís.

La coalición nacionalista ha señalado que como los panfletos no dieron sus frutos, ahora Vapf ha decidido denunciarles. «Me amenazan con acciones penales si no afirmo en mis redes sociales que el PAI es totalmente legal, cosa que no haremos puesto que de hecho hemos presentado varias demandas denunciando irregularidades», ha destacado Fullana. Además, la constructora pide que el diputado retire sus críticas por el corte de caminos tradicionales y por poner allí seguridad privada. La constructora también ha reprochado la comparación de sus acciones con actividades «propias de la mafia».

En ese sentido, Fullana ha lamentado esa postura porque «pretenden dictarnos las opiniones que tenemos que escribir en las redes y decir a los medios de comunicación, un hecho absolutamente repudiable en 2024 en una democracia avanzada».

Desde Compromís han incidido en que este paso y las campañas para «presionar a activistas o políticos» que están en contra de este proyecto llegan cuando tres salas de lo Contencioso-Administrativo de los juzgados de Alicante. Allí dirimen la paralización cautelar de todo el proyecto «por irregularidades en las obras del alcantarillado, por irregularidades en la reparcelación y por la falta de concesión hídrica de la CHJ».

El representante nacionalista de la Marina Alta ha remarcado que, pese al último paso de la mercantil, «no retiraremos ni una sola de las demandas que hemos presentado en los juzgados». Y además ha hecho hincapié en que desde los grupos de Compromís en les Corts y en la Diputación de Alicante se estudian más acciones judiciales contra los diversos proyectos que la Generalitat está reavivando. En el caso de la Marina Alta, los nacionalistas ha subrayado «la emisión de informes exprés por parte del gobierno valenciano los últimos meses para evitar la paralización en tribunales de los macroproyectos urbanísticos de Llíber y Pego».

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