La Generalitat cesa al secretario municipal de Benitatxell

La Generalitat ha cesado al secretario interventor del Ayuntamiento de Benitatxell, Jesús Castro, por negarse a pagar facturas aprobadas por la Junta de Gobierno Local y por obstaculizar el funcionamiento de los servicios municipales. El consistorio poblero ha hecho pública este martes la resolución de la Dirección General de Administración Local a raíz de que en abril de 2021 se le abriera expediente disciplinario.

El documento recoge que al secretario se le imponen dos sanciones. Por una parte, le suspende de funciones durante un periodo de seis meses por la “comisión de una falta de desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior” por negarse “al abono, como responsable de la Intervención municipal, de determinadas facturas […] con negación expresa ante los requerimientos por escrito de la Alcaldía Presidencia”.

En segundo lugar, se le impone una sanción de destitución de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento Benitatxell. Según explica, ha quedado demostrado que “ha venido realizando una permanente obstaculización del normal funcionamiento de los servicios públicos municipales, elaborando informes (sobre todo de reparos en su función fiscalizadora) fuera de los plazos ordinarios de una buena práctica administrativa, y sin justificar o demostrar las causas de dichos retrasos”.

El gobierno local hizo efectiva este lunes la decisión de la Dirección General al notificar a Jesús Castro de forma oficial su baja definitiva en la plantilla municipal. Según ha indicado, el funcionario sancionado deberá buscar destino en otra localidad una vez haya cumplido el periodo de suspensión de medio año.

El equipo de gobierno municipal ha lamentado haber tenido que llegar a este desenlace, pero “la actitud persistente del ya exsecretario no dejó opción a las administraciones municipal y autonómica”. Al respecto, ha recordado que solicitó a la Dirección General de Administración Local incoar expediente disciplinario a Castro en un pleno extraordinario de diciembre de 2020. Los hechos se remontan al 28 de octubre de ese año, día en que se celebró una Junta de Gobierno Local que incluía la aprobación de un listado de facturas. Al no constar en el expediente ninguna objeción de Intervención formulada en tiempo y forma, se aprobó por unanimidad de los asistentes el pago de las facturas.

Sin embargo, al día siguiente, el secretario interventor manifestó que no tenía intención de remitir las transferencias bancarias y, posteriormente, desatendió la orden de pago emitida por la Alcaldía. El 4 de noviembre elaboró un documento con el título 'Informe de Reparos', en el cual manifestaba su disconformidad con la aprobación de aquellas facturas, pese a que la ley establece que la objeción debe formularse antes de que se adopte el acuerdo.

El ejecutivo local también denunció varias actuaciones similares de Castro en otros procedimientos administrativos, así como la "parálisis generalizada" que estaba causando en el funcionamiento del Ayuntamiento, con trabas injustificadas a trámites habituales y ordinarios a los que no había puesto ninguna objeción durante el mandato de las anteriores corporaciones.

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