Personal del hospital de Dénia denuncia que en el departamento hay un déficit de 500 sanitarios

Personal sanitario del hospital de Dénia y miembros de la plataforma Som Marina Alta se han concentrado este jueves ante el acceso a Urgencias por la saturación que sufre el departamento de salud y para reivindicar la reversión. La presidenta del comité de empresa, Carmen Sanchis, ha denunciado que faltan unos 500 trabajadores, una cantidad similar a la contratada por la conselleria cuando los departamentos de Alzira y Torrevieja volvieron a la gestión pública.

Sanchis ha incidido en la “fuga” de profesionales ante las condiciones de trabajo. Según ha comentado, “los que quedamos somos gente de la comarca que no nos queremos ir”. El motivo lo ha achacado a que hay poco personal, que cobra menos que en otros lugares y que hace más horas.

En ese sentido, ha explicado que se está negociando el nuevo convenio laboral en el que sólo les ofrecen una subida del 1,5% en 2022 y del 2% al año siguiente, pero sin reducir la jornada, cuando hay personal que “está haciendo 1.826 horas al año”.

La presidenta del comité de empresa ha puesto de relieve que la Atención Primaria está “saturadísima”.

Desde la plataforma Som Marina Alta, impulsada por representantes de Compromís en los ayuntamientos de la comarca y de independientes, su presidente y alcalde de Gata, Josep Signes, ha asegurado que la sanidad ha empeorado desde que Ribera Salud compró las acciones de DKV y que está al nivel de Estados Unidos. Y ha criticado que los escolares de municipios como Parcent o Castell de Castells tengan que ir ha Orba para vacunarse en lugar de ir los sanitarios a los colegios.

Por ello, ha subrayado que “no tiene sentido” esperar los dos años que restan de concesión y ha insistido en que “si pueden ser tres o cuatro”. En su opinión, deberían intervenir los servicios jurídicos del Consell para “dar por inválida esa venta” o para proceder a la reversión amparándose en los “incumplimientos” de la empresa.

A la protesta también ha asistido Àgueda Micó, secretaria general del partido nacionalista, que ha calificado la gestión privada de “nefasta” y ha abogado por hacer que la Generalitat haga “presión” a la concesionaria para que cumpla con sus obligaciones. Además ha reconocido que la reversión anticipada es una cuestión incómoda porque el coste es “inasumible”.

Por su parte Josep Nadal, diputado en les Corts, se ha mostrado tajante. Ha dicho que la conselleria debe obligar a la empresa a que cumpla y si no lo hace, “debería rescindir el contrato”.

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