R. D.
Dénia
Miércoles, 28 de febrero 2024, 23:40
El PP ha acusado al gobierno de Dénia de «resucitar planes parciales que van contra el medio ambiente y las arcas municipales». Este miércoles el Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado una solicitud de informes sobre el punto 13 del orden del día del pleno ordinario que se celebrará mañana jueves. Este punto trata sobre la «iniciación del procedimiento para la resolución de la adjudicación de condición de promotores del plan parcial Campusos-Sant Joan», un procedimiento del año 1977 que, según han indicado los populares en un comunicado, nada tiene que ver con la legislación actual y genera inseguridad jurídica a los propietarios.
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Carlos Barona, concejal del PP encargado de asuntos urbanísticos, ha señalado «entendemos desde el Partido Popular, que el Plan General Estructural 2023 no puede resucitar Planes Parciales caducos del año 1977, ya que va en contra del medio ambiente y de la sostenibilidad económica municipal». En ese sentido, ha recalcado que el PGE «infringe lo contenido en la declaración del Parque Natural del Montgó de 1987. Un decreto, el del parque natural, que derogaba todos los planes anteriores que tuvieran afecciones sobre el Montgó y los dejaba sin efecto». También ha señalado que «iniciar este tipo de procedimientos sobre planes caducos y derogados, es darles carta de naturaleza y asumirlos por parte del Ayuntamiento, debiendo asumir todas esas futuras indemnizaciones que surjan por esta iniciativa».
El concejal Popular ha remarcado que «en todos los anteriores documentos urbanísticos que han pasado por la ciudad, estos planes parciales eran eliminados, ya que la ordenación del Parque Natural del Montgó es norma superior». Según ha subrayado, «asumir que existen vivienda en zonas verdes, viales inacabados o servicios inexistentes, significa que los bolsillos de todos los ciudadanos deberán asumir las posibles indemnizaciones, terminar los viales y servicios de la zona.»
Por otro lado, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dénia, Pepa Font, ha insistido en que «no podemos seguir cargando a los vecinos malas decisiones urbanísticas. El descalabro económico que le podría suponer al Ayuntamiento esta decisión podría llevarlo a la quiebra técnica». Por ese motivo, ha añadido, «hemos solicitado sendos informes, uno del secretario municipal y otro del interventor para valorar debidamente las consecuencias jurídicas y económicas de esta decisión, dejando este punto del pleno sobre la mesa, hasta que estén emitidos dichos informes».
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