Regresa la polémica por el IBI de la vivenda del alcalde de Benissa

Como si de un 'déjà vu' se tratara, la polémica por el IBI del alcalde de Benissa ha regresado de manos de dos de los partidos de la oposición. A mediados de noviembre de 2023, Compromís acusó al primer edil, el popular Arturo Poquet, de no pagar el IBI de su residencia. Ahora, diez meses después, la edil nacionalista, Mari Carme Ronda, y el concejal de CIBE, Isidor Mollà, han resucitado el tema. Ambos han denunciado irregularidades relacionadas con la vivienda y han pedido la dimisión del munícipe, mientras que éste ha negado las acusaciones y ha asegurado que ha pagado ese impuesto.

Ronda y Mollà han comparecido este martes. Según han detallado, el edificio familiar del alcalde, dado de alta en diciembre de 2023, ha estado exento del pago del IBI desde su finalización en enero de 2019, «lo que ha generado gran indignación entre los vecinos, especialmente tras la subida del 45% de este impuesto». En ese sentido, la edil nacionalista ha recalcado que «es inadmisible que mientras el pueblo de Benissa sufre una de las subidas más brutales del IBI, el propio alcalde no haya estado pagando lo que le corresponde«. Por ello, le ha reclamado »transparencia y una explicación clara sobre esta situación».

Asimismo, estos concejales han explicado que el 11 de noviembre de 2023 el inmueble aparecía registrado como «solar urbano», a pesar de albergar tres pisos, dos cocheras y dos trasteros. Tras esta revelación, Compromís y CIBE solicitaron formalmente al Ayuntamiento la documentación acreditativa de la legalidad del edificio. A pesar de la falta de respuesta durante meses, el 15 de mayo de 2024, ambos grupos presentaron un escrito advirtiendo del incumplimiento de plazos legales y el mismo día recibieron los documentos, «confirmando que la licencia municipal original (de 1988) sólo contemplaba la construcción de una planta baja y dos plantas. No obstante, actualmente el edificio cuenta con tres plantas, lo que indica la existencia de una planta adicional sin la correspondiente licencia municipal», han subrayado.

Desde CIBE, Isido Mollà, ha incidido en la gravedad de estos hechos. «Queremos su dimisión. Es inaceptable que la máxima autoridad de nuestro municipio incumpla la ley urbanística que todos los ciudadanos estamos obligados a respetar. No podemos permitir que se vulneren las normativas mientras se le pide al pueblo sacrificios económicos», ha insistido.

Es más, desde ambos grupos municipales han advertido que, de no recibir respuestas claras y documentación que justifique la legalidad del edificio, se reservan el derecho de llevar el caso ante la Fiscalía. El objetivo es que se investigue si ha existido algún tipo de trato de favor hacia el munícipe, quien además de su cargo actual, fue concejal de Urbanismo durante varios años. De la misma manera, Ronda y Mollà han pedido que los servicios económicos del Ayuntamiento cuantifiquen los gastos que debería pagar el alcalde de Benissa durante los años en los que la vivienda se ha disfrutado sin estar dada de alta, como el IBI. Así mismo, reclaman la apertura de un expediente de infracción y las sanciones correspondientes.

Ante estas acusaciones, el primer edil del PP ha hecho hincapié en que él ha pasado ese impuesto. Según ha señalado, cuando se acabó la finca hace unos cuatro o cinco años, se solicitó la licencia de ocupación y ese documento se remitió al Catastro para que se llevara a cabo una alteración catastral. Cuando culminó ese proceso, Poquet pagó el recibo correspondiente a ese ejercicio y, como tiene carácter retroactivo, también la cuantía relativa a los de los años anteriores.

En cuanto a las alturas del edificio, el primer edil muestra su sorpresa por las reclamaciones de que no se ajustan a la licencia de 1988. El motivo es que en ese momento ya se levantó la estructura del edificio y no se dijo nada desde el consistorio, que en aquella época tenía como alcalde al propio Isidor Mollà.

Otra cuestión que ha sacado a relucir el alcalde es que estas denuncias proceden de los dos partidos de la oposición con menor representación, un representante cada uno. En cambio, los otros dos, Reiniciem Benissa y PSPV, con más ediles, no se han sumado a estas reclamaciones.

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