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B. Ortolà
Viernes, 2 de julio 2021, 02:03
¿Estamos en Benidorm? Es la pregunta más repetida entre los turistas que llegan a la estación de autobuses de la ciudad de los ... rascacielos. No es para menos, pues la primera impresión al bajar del autobús es que uno está en una ciudad caótica al estilo de Detroit. El recinto está destrozado, los locales que algún día albergaron tiendas ahora están abandonados, hay cristales y puertas rotas, y paredes agujereadas. «Hay gente que los aprovechan como refugio para dormir», explica un vecino.
Las mayoría de las escaleras mecánicas y los ascensores tampoco funcionan, y los baños están «inservibles». Es un escenario «apocalíptico», apuntan.
Ciertamente el panorama es desolador. A media mañana tan solo tres puntos del enorme edificio de hormigón y metal cuentan con algo de ajetreo: en la entrada toman café varias personas en el pequeño local de restauración, a escasos metros de los juzgados. Y en el interior del centro comercial, tan solo la música de un gimnasio y las instrucciones de una monitora rompen el silencio aterrador, incluso las luces de neón parpadeantes aumentan esta imagen de película de terror. En el resto del complejo, suciedad por doquier, y carteles de 'se alquila' en los cristales de los locales, ennegrecidos de la acumulación de polvo.
Los problemas de esta estación vienen de lejos, del año 2003 cuando se concedió la gestión a una empresa del alicantino Enrique Ortiz. El proyecto contemplaba una pequeña zona comercial y un espacio habilitado para el descanso de los conductores, distribuido todo en unos 500 metros cuadrados. De aquello se pasó a algo más grande, 10.000 metros de centro comercial y un hotel.
La cosa acabó en los tribunales y dos sentencias, una de 2007 y otra de 2012, terminaron anulando la concesión. La relación entre el Ayuntamiento y la concesionaria se enquistó perjudicando directamente al recito. Aseguran desde el PSPV que la empresa «redujo la atención, disminuyó los servicios y los locales se fueron vaciando hasta no quedar casi nada. La zona está totalmente abandonada y carece de control y vigilancia». De hecho, solo están abiertos un supermercado, el gimnasio y una tienda de ropa.
Por suerte el consistorio y la mercantil limaron asperezas. En 2015 se aprobó la legalización del exceso de edificabilidad que se ejecutó en su día. El pasado mes de enero se cuantificó la obra ya hecha y se acordó con la mercantil pagar una indemnización de poco más de 2,4 millones, por aquello de que éste último no pudo amortizar la inversión que desembolsó en su momento. El objetivo, indican desde el consistorio, es volver a licitar el proyecto.
Pero en el acuerdo se incluyó también que la empresa debía asumir las reparaciones de los desperfectos hasta que se vuelva a licitar. Algo que, según los socialistas, «no están cumpliendo. La degradación cada día va a más».
Desde el PSPV acusan al ejecutivo liderado del PP de actuar con «dejadez y desidia». Lamentan que «alardeen y publiciten la instalación de una marquesina de autobús vanguardista y de última tecnología, en la avenida del Mediterráneo, pero consientan que la estación esté en este estado».
Por todo ello exigen al consistorio que «requiera al concesionario para que limpie, adecente y reforme todo lo necesario para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, o bien que el Ayuntamiento ejecute las obras y luego le pase la factura como se aprobó por el pleno».
Una vez solucionadas las diferencias con la mercantil, el ejecutivo se ha puesto en marcha para poder licitar de nuevo el proyecto. Según la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, «ya se están redactando los pliegos», aunque no confirma cuando se podrá poner en marcha el proceso. «Hay que recordar que el trabajo de valoración, necesaria para la licitación, ha sido lo que más ha costado».
En cuanto al actual estado de la estación, la edil reconoce que «no es el más adecuado, no es la imagen que queremos para Benidorm» y recalca que la empresa todavía concesionaria ha presentado un proyecto de rehabilitación y reforma del recinto «para dejarlo en perfectas condiciones». Un documento en el que se valoran las mejoras en cerca de 300.000 euros y que «les corresponderá hacerlo a ellos».
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