La falta de suministros y el aumento de los precios retrasan cinco meses el fin del Frente Litoral de Altea

Los empresarios y vecinos más afectados por las obras del proyecto de regeneración del Frente Litoral de Altea tendrán que echar mano de la paciencia después del anuncio realizado este lunes por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por el que ha formalizado su decisión de aceptar la prórroga solicitada por la empresa adjudicataria de esos trabajos y que implica que la nueva fecha prevista para su finalización se retrasará hasta el próximo día 27 de octubre.

Desde el Ministerio se sigue calificando la regeneración de la fachada marítima de la Villa Blanca como “una prioridad” aunque, a su vez, han justificado ahora esta decisión alegando que es la única manera de garantizar que las obras puedan finalizarse sin paralizaciones y con el proyecto actual en el contexto de subida de costes que ya ha afectado a una gran cantidad de proyectos públicos en todo el país.

Así, según un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Altea, “la subida generalizada de precios y los efectos de la guerra en la economía, así como los retrasos en los suministros, están dificultando a las empresas el cumplimiento de las condiciones pactadas”, algo que ha llevado a la constructora a solicitar hasta en dos ocasiones la modificación del contrato y la revisión de los plazos de finalización.

En un primer momento, fechado el pasado mes de febrero, la petición fue desestimada y el propio Ministerio abrió entonces un expediente disciplinario al entender que no existían motivos que justificaran los cambios planteados por la empresa que, pese a todo, volvió a insistir en su petición el pasado mes de abril, habiendo ahora resuelto el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una prórroga de cinco meses, lo que implica que, si no surgen nuevos imprevistos ni demoras, la nueva fecha de fin de obra será el día 27 de octubre.

El alcalde de Altea, Jaume Llinares, se ha mostrado comprensivo con esta nueva realidad y ha considerado que “las condiciones de los contratos con las administraciones públicas son estrictas, y las adjudicaciones de obras previas a la situación económica provocada por la invasión de Ucrania hace que la mayoría de empresas estén pasando por una situación complicada, para poder cumplir con las condiciones firmadas”.

El primer edil ha subrayado, además, que la aceptación de esta prórroga implica cambio de fecha, pero no modifica el resto de las condiciones de la adjudicación, por lo que no se producirá un incremento en el coste de la obra.

Pese a esa aseveración, Llinares ha reconocido que “sí que se puede destacar que la dificultad de suministros ha obligado a recurrir a veces a materiales similares a los que habían contemplados al proyecto inicial, sin embargo, como también contempla el contrato, tienen que cumplir con las mismas condiciones técnicas que los originales”.

Para asegurarse de que esos cambios no terminan redundando de forma negativa en la calidad de los acabados finales de una de las obras más importantes en el pasado reciente de Altea, el munícipe ha explicado que “hemos recurrido a una supervisión externa por que sea la encargada de controlar estas cuestiones”.

Cabe recordar que estas obras despertaron una gran cantidad de críticas entre los empresarios afectados por las mismas, que advirtieron en su momento que los plazos inicialmente aprobados no eran realistas y que, como ha terminado sucediendo, no iban a poder retomar su actividad normal en un verano tan importante para su futuro como el de 2022, el primero tras más de dos años de pandemia.

En ese sentido, Jaume Llinares ha asegurado que “todas las previsiones indican que tendremos una buena temporada turística, pero es obvio que las obras complicarán el uso de las terrazas, en la zona afectada”.

Con todo ello en mente y dado que las obras se están realizando con recursos públicos y en suelo público y sin olvidar que el Ayuntamiento está obligado a mantener unas condiciones que garanticen la seguridad en la zona de obra, Llinares ha avanzado que “se ha negociado con la constructora y con la dirección de la obra el uso parcial de los tramos donde se acabe la pavimentación, para el uso de terrazas y también se ha solicitado, a medida que avanzo la obra, ampliar la zona destinada a los peatones”.

Además, el primer edil ha explicado que “a los establecimientos afectados no se los cobrará, tampoco este año, la ocupación de las terrazas, que llevan sin pagarlo desde 2020, a causa de las restricciones de la Covid-19”.

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