Compromís lleva a la Fiscalía al alcalde de Ondara por presunta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental e incremento patrimonial no justificado

La coalición Compromís de Ondara ha solicitado a la Fiscalía que investigue la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prevaricación, incrementos patrimoniales no justificados y falsificación de documento público por parte del alcalde de Ondara, Ximo Ferrando (PP), casi todos relacionados con diferentes operaciones urbanísticas desarrolladas durante los últimos años.

En la denuncia se acusa a Ferrando de haber favorecido supuestamente a empresarios y otras personas afines al Partido Popular y de haber escondido en su declaraciones de bienes que desde el 2006 y hasta ahora han tenido un incremento patrimonial poco justificable. Sobre todo, inciden desde Compromís, teniendo en cuenta que su único ingreso es el sueldo que percibe por sus ocupaciones públicas.

En el escrito remitido al fiscal, la formación política apunta que, entre 2006 y 2014, el munícipe habría comprado un chalé por 300.000 euros, una parcela con una vivienda familiar, un apartamento con trastero y garaje y tres locales comerciales, uno de ellos con plaza de aparcamiento. Además, y mediante escritura de donación, adquirió también un cuarto local comercial y tres fincas registrales.

A juicio de Compromís, estos hechos constituyen indicios suficientes que se han podido cometer ilegalidades con relevancia penal que han podido reportar importantes beneficios económicos para el alcalde y su entorno.

También, la denuncia apunta que tanto Ferrando como el edil Javier Lozano (PP), podrían haber incurrido en un delito de falsificación en documento público por haber ocultado en la declaración de bienes hecha con la constitución de la corporación municipal el 2007, que habían adquirido sendas viviendas unifamiliares en la urbanización El Pinaret de Pedreguer.

Compromís también considera que tanto el alcalde como el presidente local del PP, Jaime García, podrían haber incurrido en presuntos delitos de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada en la gestión urbanística municipal, concretamente en la implantación de la ITV en Ondara y la tramitación del PAI Xopar. Al parecer, la empresa BTB, administrada por el presidente del PP local, habría adquirido en 2003 por 24.040 euros dos parcelas que revendería dos años después por 693.000 euros más IVA a la empresa encargada de implantar la ITV. La denuncia sostiene que sin colaboración del gobierno municipal esta actividad no se hubiese implantado en estas parcelas. Y añade que la operación benefició básicamente a la mercantil BTB

En el escrito presentado en Fiscalía Compromís también acusa a Ferrando de haber incurrido presuntamente en otro delito de prevaricación administrativa para la contratación por parte del consistorio de personal vinculado al PP.