Dénia desvela una sentencia que condena al edil tránsfuga fallecido a devolver 130.000 €

La Corporación Municipal de Dénia aprobó ayer por unanimidad poner en marcha una comisión de investigación por la «ocultación» de una sentencia del TSJ que ratifica anteriores fallos judiciales y obliga al concejal tránsfuga ya fallecido, Juan Collado (ex-PSPV), a devolver 130.000 euros. Una cantidad económica que obedece al sueldo de 44. 671 euros al mes que el edil cobró por su dedicación exclusiva tras suscribir la moción de censura que apartó de la alcaldía en julio de 2008 a la alcaldesa socialista, Paqui Viciano.

La propuesta presentada por urgencia al pleno de ayer por el PSPV, Compromís, CET y Ciudadanos, prevé además estudiar la acciones que se deben emprender ante este dictamen judicial. Aunque todo apunta que podría quedarse en nada debido a que el concejal falleció el pasado mes de abril, no obstante habrá que esperar a la decisión que adopta la comisión.

Esta moción suscitó una agria polémica entre el actual alcalde, Vicent Grimalt (PSPV); la exalcaldesa del PP, Ana Kringe, y el edil de Gobernación, Javier Scotto. Hubo acusaciones y peticiones de dimisión de Grimalt y Scotto hacia Kringe y las otras ediles del PP, María Mut y Pepa Sivera, a quienes responsabilizaron de lo ocurrido.

El munícipe tildó de «muy grave y delicado» que la sentencia no se hubiese cumplido ni se hubiese trasladado a la junta de gobierno ni al pleno, por lo que defendió la necesidad de impulsar la comisión de investigación para saber qué es lo que había ocurrido y decidir cómo se debe hacer cumplir. Por ello, primero se debatió la urgencia que fue rechazada por los grupos de GD-CU y PP, cuyas portavoces, Pepa Font y Ana Kringe, incidieron en que se estaba hablando de una decisión tomada por el consistorio hace más siete años sin que existiese ningún tipo de reparo por parte los servicios jurídicos del ayuntamiento; además desconocían el dictamen del TSJ ya que les fue entregado 45 minutos antes del pleno, y la persona afectada ya había fallecido.

Petición de GD-CU y PP

Ante esto, ambas abogaron porque se trasladase al pleno ordinario de diciembre, petición que fue rechazada por el resto de grupos municipales de PSPV, Compromís, CET y Ciudadanos, quienes apoyaron la urgencia y el inicio del debate para crear la comisión de investigación en la que tanto Font como Kringe sí estuvieron de acuerdo desde el principio.

El jefe del ejecutivo comenzó su intervención con una cronología de lo acontecido desde julio de 2008 cuando se presentó la moción de censura contra Viciano, con el apoyo del que fuera edil del PSPV, Juan Collado, que fue nombrado miembro de la junta de gobierno, con delegación y dedicación exclusiva.

En agosto, el PSPV presentó sendos recursos de reposición contra estas decisiones del pentapartito, presidido por Ana Kringe (PP). Un mes después la subdelegación del gobierno en Alicante interpuso un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos del ejecutivo de Dénia y en febrero de 2010, un juzgado de Alicante planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal competente sobre si es constitucional una artículo que dice que un edil tránsfuga no puede beneficiarse de unas atribuciones que antes no tenía. El Tribunal se pronunció y dijo que no es constitucional. En marzo de 2012, el juzgado de Alicante estimó el recurso de la subdelegación del gobierno y el ayuntamiento recurrió esta sentencia al TSJ, que en diciembre de 2014 desestimó este recurso y condenó al ayuntamiento a pagar las costas. Posteriormente, en enero y marzo de 2015, un edil del PSPV preguntó a la alcaldesa sobre esta cuestión pero no recibe respuesta.

En un cajón

Tras estos hechos, Grimalt aseguró que el nuevo ejecutivo encontró hace unas semanas el fallo judicial del TSJ que estaba guardado en un cajón «por orden de alguien del equipo de gobierno de Ana Kringe» para que la oposición no se enterase. Es más acusó a la exalcaldesa de que no le interesaba que la sentencia saliese a la luz por la proximidad de las elecciones y por ello fue «guardada con mala fe». Le responsabilizó, al igual que a las otras ediles del PP, de la ocultación del dictamen judicial y le pidió que renunciase a su cargo de concejala, «porque ha faltado a la verdad, usted era la alcaldesa y la máxima responsable», dijo.

Estas palabras fueron contestadas por Kringe y las ediles del PP quienes pidieron a Grimalt que no acusase a nadie. Además, la popular aclaró que las sentencias que llegan al ayuntamiento van a secretaria y después a la junta de gobierno donde se da cuenta. En su intervención constató que no era conocedora de este fallo judicial, pidió al alcalde que no acusase a nadie de esconder nada y le reclamó respeto.

Por su parte, el edil del PSPV, Javier Scotto, remarcó que el alcalde no había acusado a nadie, sino que que existía una irregularidad y se refirió a que todo obedecía a una dejación de funciones por parte de Kringe y le pidió que se marchase a su casa.

La edil del PP, María Mut, reprochó al alcalde que hubiese actuado de juez y jurado al responsabilizar a su compañera de filas de todo lo ocurrido y defendió que se averiguase qué es lo que había ocurrido.