Kringe rechaza declarar hasta recibir documentación de contratos de Turismo

La exgerente del Patronato de Turismo Costa Blanca Ana Kringe ha rehusado este viernes prestar declaración como investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Diputación de Alicante para Fitur hasta que el juez reciba los expedientes de 2007 y 2008, según fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, ha interrogado a otros tres investigados (término que sustituye al de imputado) en esta causa, derivada de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Compromís, que ejerce la acusación popular.

Kringe, que también fue alcaldesa de Dénia por el PP, ha pedido volver a comparecer cuando el magistrado reciba la documentación requerida y tampoco ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación ni a la entrada ni a la salida de la sede judicial.

Por su parte, el exdirector económico del Patronato Miguel Baldó, ha explicado al juez que su participación en los contratos se ciñe únicamente a autorización del pago de una factura que había sido previamente avalada por los técnicos de la Diputación.

Ha dicho que no fue nombrado para ese cargo hasta noviembre de 2008, por lo que no ha podido aclarar cuál era el funcionamiento de este organismo autónomo de la corporación provincial con anterioridad, según las fuentes consultadas.

Los administradores de las empresas adjudicatarias, el matrimonio formado por Mercedes Lasa y Javier Molinos, han negado cualquier irregularidad en la ejecución de los trabajos y han coincidido en que éstos eran supervisados por empleados de la institución pública.

Esta pareja ya está encausada en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para la Feria Internacional de Turismo (Fitur), junto a la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando.

Tanto Lasa como Molinos, responsables de las mercantiles Equipamiento Integral para Stands Molinos SL y Exporiggin SL, se han negado a contestar a las preguntas de la acusación popular, pero han mantenido ante el fiscal y el juez que se atuvieron siempre a la legalidad.

Las adjudicaciones bajo sospecha se realizaron cuando la Diputación de Alicante estaba gobernada por José Joaquín Ripoll (PP), quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos en el marco del 'caso Brugal'.

La investigación que dirige ahora el juzgado de Instrucción 7 de Alicante por supuestos delitos contra la Administración Pública se circunscribe a los años 2007 y 2008, pues los hechos de anteriores ejercicios habrían prescrito.

Sin embargo, fue precisamente en esos ejercicios, entre 2004 y 2006, cuando se habría producido, según Compromís, el grueso de un supuesto fraude que este partido cifra en 3,2 millones de euros.