Un fallo en el acceso a la documentación aplaza el juicio de Gürtel a Camps 14 años después

Y llegó Gürtel.

La semana ha comenzado con Camps sentado en el banquillo. Él y casi una treintena de personas. Incluidos tres exconsellers, directores generales y cargos populares durante la primera década del milenio.

La investigación iniciada en 2007 llega en febrero de 2009 a la Audiencia Nacional y a las portadas de los periódicos. La instrucción se divide en varias piezas. La vista oral de la quinta de esas partes de la macrocausa empezó ayer. En realidad, ni comenzó. Visto y no visto. Catorce años después, el pasado viernes, el letrado de la Generalitat aún remitió escritos al tribunal. Más de 5.000 días después, un proceso cuya instrucción inicial finalizó en julio de 2014, la defensa de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, y de otros altos cargos del Consell han alegado indefensión por no poder acceder a toda la documentación del caso. Catorce años después, el juicio se ha pospuesto una semana. La instrucción concluida en 2014 se reabrió a raíz de la confesión de Ricardo Costa, en enero de 2018, durante el juicio de la caja B del PP, además de por sus posteriores declaraciones en otros casos de corrupción.

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps solicitó hace diez días retrasar el juicio por falta de acceso a documentación. La Sala se lo denegó y mantuvo el comienzo de las vistas tal y como estaba previsto. Sin embargo, finalmente, el tribunal, ante la amenaza de que alguien pueda alegar una indefensión que anule la causa, ha decidido retrasar el inicio una semana. La Fiscalía pide para Camps una pena de dos años y medio de cárcel por favorecer a la trama de Francisco Correa.

Los magistrados del tribunal que juzgarán las adjudicaciones de la Generalitat a la trama han estimado la petición del letrado del expresidente Francisco Camps de suspender la celebración del juicio. Una petición a la que se han sumado otros encausados, como un exalto cargo de la Conselleria de Sanidad. La Sala, además, ha puesto en conocimiento de las partes que el viernes les fue remitido por parte del letrado de la Generalitat de dos escritos.

La Generalitat, ahora gobernada por el tripartito (PSPV, Compromís y Unides Podem) y personada en la causa, ha modificado su escrito inicial para solicitar una mayor indemnización en concepto de responsabilidad civil por las presuntas irregularidades.

«El contenido de este escrito ustedes los desconocen y al tribunal le ha llegado hoy, por lo que ha sido imposible dar traslado. Del contenido (del mismo) depende su defensa», ha explicado el juez, que ha dejado claro que «lamentablemente no quedaba más remedio» que hacer una pausa.

Los magistrados han señalado que la nueva documentación se remitió el pasado viernes y que había sido imposible de proveer a las defensas de los acusados. Uno de los letrados se ha dirigido al tribunal para recalcar lo extraño de que la Generalitat aporte, a escasas horas de iniciarse el juicio, una documentación no incorporada a una causa que se inició hace 14 años.

Pablo Delgado, el abogado de Camps, puso de manifiesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional que no ha tenido acceso a toda la información, a lo que se unió el letrado de Rafael Peset, ex subsecretario de la Conselleria de Sanidad, por su imposibilidad de acceder a documentos vinculados con la causa: informes de la conselleria vinculados a los contratos, textos de la Intervención o de la Abogacía de la Generalitat.

La Sala admitió que se estaba produciendo «alguna cuestión»... y decidió suspender durante una semana el proceso. El tribunal instó a los defensores a ponerse en contacto «con los informáticos, que estarán a su disposición, se buscarán los documentos y si no lo encontramos se volverá a buscar en los expedientes».

«Si causamos indefensión a alguna parte por no poder acceder a documentación, es peor porque podemos acabar por tener que anular el procedimiento», ha señalado el tribunal: «Lamentablemente no queda más remedio y es algo que sucede en este tipo de procesos. Debemos dar un lapsus de una semana para que se solucione este tipo de cuestión. Todos sabemos que el acceso es problemático y complejo. No es una cuestión de esta semana, sino que son cuestiones que se están produciendo desde hace varios meses. Más vale perder una semana que propiciar una posible nulidad de actuaciones nos lleve a extremos indeseados».

Así pues, el juicio ha quedado suspendido con un banquillo de alto voltaje. El expresidente de la Generalitat estaba sentado antepenúltima fila. Al frente de todos, Francisco Correa, Pablo Crespo y Àlvaro Pérez, El Bigotes (pero sin bigote), los cabecillas de una trama que también ha sentado ante el tribunal a exconsellers y exaltos cargos de la Generalitat.

El exdirigente del PP reclamaba hace diez días atrasar la vista porque su letrado no podía acceder a toda la causa en la plataforma digital, lo que impedía desarrollar en toda su extensión su derecho de defensa. El tribunal denegó una solicitud que ahora acepta, y en la que Camps planteó que el letrado de la Administración de Justicia comprobara el funcionamiento de la citada plataforma y contactara con el servicio de Nuevas Tecnologías para que dieran una solución al problema. El expresidente quiso en el escrito destacar las especiales particularidades de este asunto de corrupción, «una causa de excesiva documentación y dilatada tramitación» y que de mantenerse esa incidencia informática hace imposible el pleno ejercicio del derecho de defensa.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la sede de la Audiencia, Camps ha mostrado su intención de regresar a la primera línea política una vez cese una «pesadilla muy larga» que él considera que ha sido orquestada por la Fiscalía, que pide para el exlíder del PP en la Comunitat dos años y seis meses de cárcel como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración al considerar que forzó la contracción de Orange Market para la celebración de Fitur 2009..

«Estamos hablando de 70 contratos menores. Aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos», ha sostenido Camps, para quien estos hechos ya le obligaron a sentarse en el banquillo «en la causa de los trajes. No se qué hacen mis compañeros de Consell ni qué hago aquí hoy en este nuevo juicio. Confío en la Justicia y, como las otras nueve causas, que acabe en la absolución».

Estaba previsto que este lunes comenzase el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel.

El expresidente de la Generalitat se enfrenta a Gürtel, en su lo que se supone que es su último capítulo, en circunstancias especiales respecto al primer juicio, el famoso caso de los trajes del que resultó absuelto. En el juicio de los trajes, Camps coincidió en su versión con la de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes. Ahora todo eso ha cambiado. Estos últimos han admitido que se les concedió adjudicaciones de diferentes consellerias en un intento de los responsables de distintas consellerias de congraciarse con el presidente.

La clave del juicio será determinar en qué medida se trasladaron órdenes o indicaciones desde Presidencia de la Generalitat para contratar con Gürtel. Camps se enfrenta a dos años y medio de cárcel tras salir absuelto de una ristra de supuestos casos de corrupción que, en realidad, quedaron en nada. Léase la Fórmula 1, la visita del Papa, Valmor y Nóos, entre otros.

El expresidente Camps se enfrenta a otros obstáculos, además de la posición de Correa y Pérez. Parte de los acusados de su Consell han pactado con Anticorrupción, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS. El más reciente ha sido Enrique Navarro, el que fuera jefe de gabinete de la consellera Alicia de Miguel. Confesó que actuó de manera irregular para cumplir las órdenes de De Miguel en un intento de ganarse la atención del presidente Camps.

Los que nacieron en Valencia durante aquel febrero de 2009 son actualmente nativos digitales, adolescentes que hacen vídeos que cuelgan en redes sociales y se preparan para entrar por primera vez en las sesiones de tarde de las discotecas.