La ley Celaá sale adelante por la mínima y con un monumental escándalo

Un Congreso dividido, tras un bronco debate, aprobó ayer con un estrecho margen la Lomloe, la ley Celaá, que al final del invierno, una vez la ratifique el Senado, derogará la Lomce del PP y se convertirá en la octava norma educativa de la democracia. Se trata de una reforma que suena en tierras valencianas, en el sentido de que exporta la filosofía de las políticas educativas aplicadas en los últimos años en la Comunitat.

Ni hubo marcha atrás en la polémica enmienda que retira el adjetivo «vehicular» a la lengua castellana en la enseñanza, ni salió adelante un intento de todos los grupos de centro-derecha -desde PP a PNV- para aflojar las medidas que amenazan con convertir a los centros concertados en subsidiarios de la red pública. El texto final es casi idéntico al que el viernes salió de la comisión de Educación.

La imagen que mejor ilustró la profunda fractura política se vio tras la hora y media de debate, con los diputados de PSOE, Unidos Podemos y ERC y la ministra Isabel Celaá aplaudiendo durante varios minutos puestos en pie mientras que las bancadas del PP y Vox, ataviados con el lazo naranja de la revuelta de la concertada, les respondieron golpeando los escaños al grito de «¡Libertad!».

Como las siete leyes precedentes, la Lomloe salió adelante sin consenso y con todos los puentes rotos para un hipotético pacto de Estado, lo que la aboca a que en un futuro, más o menos próximo, su texto sea reformado o derogado, algo para lo que ya se ha juramentado el PP. Lo pronosticó Ana Oramas, de Coalición Canaria: «Tiene los días contados».

La ley fue aprobada con los 177 escaños de la alianza que forjaron los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, los nacionalistas de ERC y PNV, Más País, y los dos escaños de Nueva Canarias y Compromís. Pese al error de un diputado del 'sí', el proyecto logró rebasar la mayoría absoluta (176 escaños), que era el mínimo obligado por ser ley orgánica, por un solo voto. Celaá se mostró «feliz» pero admitió que le hubiese gustado «más consenso».

Del Congreso sale una norma distinta a la diseñada por el Consejo de Ministros tras pasar el filtro de las enmiendas. Marcará más de cerca a la enseñanza concertada, con el artículo que insta a vigilar y evitar los pagos obligatorios de cuotas en cualquier centro -aunque esté claramente dirigido a los colegios de iniciativa social-, y sienta las bases para reducir su peso, en el sentido de que se priorizará la creación de las plazas públicas necesarias para cubrir cualquier demanda de escolarización. Sin olvidar que elimina el blindaje de la demanda social que creó la Lomce y que ha contribuido a frenar los recortes de fondos públicos aplicados en la Comunitat en los últimos años. En síntesis, el sector teme que la complementariedad actual sea sustituida por la subsidiariedad. Es decir, que los conciertos, en el futuro, sólo lleguen donde no lo hagan los centros de la administración.

La potenciación de la red pública también afectará al primer ciclo de Infantil (entre cero y tres años) donde se habla de crear, progresivamente, puestos públicos «suficientes». En la Comunitat, actualmente, siete de cada diez plazas del sistema provienen del sector privado.

También ha cambiado el tratamiento del castellano, con la eliminación de la referencia a que será lengua vehicular en todo el Estado, lo que se suma a la supresión de la idea de que debe estar presente en las aulas en una proporción «razonable». Si bien el articulado recoge el derecho a la enseñanza en castellano y en lenguas cooficiales, la redacción abre la puerta a orillarlo en las comunidades bilingües.

En la valenciana, por ejemplo, nada impedirá al Consell modificar la actual ley de plurilingüismo en un sentido más restrictivo, por ejemplo, dejando la lengua estatal en una única asignatura en lugar utilizarse en el 25% del tiempo lectivo, como sucede ahora, o fomentando los programas de inmersión, que existieron durante décadas y tuvieron que suavizarse tras la entrada en vigor de la Lomce del PP.

En el fragor del debate, los cuatro grupos del 'sí' arrancaron sus intervenciones favorables con una celebración que se resume en la frase de la portavoz socialista, Luz Martínez Seijo: «Hoy (por ayer) es un día histórico. Siete años después derogamos la ley Wert (la Lomce)». Toda la izquierda coincidió en que las objeciones a la Lomloe de «las tres derechas» no son más que «mentiras ruines y manipulaciones irresponsables», pues, aseguran, la norma no va a hacer desaparecer el castellano en las comunidades bilingües, no va a cerrar colegios especiales ni impide a los padres elegir centro. «No defienden la libertad sino los privilegios», resumió el portavoz de Unidas Podemos, Javier Sánchez.

El proyecto de reforma educativa recibió un sonoro y contundente 'no' de PP, Ciudadanos y Vox, al que se sumaron UPN, PRC, CC, Foro Asturias y la CUP -estos últimos por las razones contrarias-. La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, fue la más gráfica cuando dijo que «vamos a votar 'no' con las dos manos, porque demuele el sistema educativo», y el de Vox, Joaquín Robles, el más duro, ya que acusó al PSOE de «traicionar y abandonar al pueblo español y ponerlo al servicio de los oligarcas separatistas, que no tienen otro interés que convertir la educación en una fábrica de independentistas». Con argumentos casi idénticos, acusan a la norma de «texto ideológico y partidista» que no busca el consenso; de dar la puntilla a la enseñanza en castellano; de bajar «peligrosamente» el nivel de exigencia; de buscar «el cierre» de colegios de educación Especial; y de «conculcar la libertad de elección de centro» y «asfixiar» a la escuela concertada. Las tres grandes formaciones la tildaron de «canallada» y «despropósito», por lo que, como ya anunciaron, acudirán al Tribunal Constitucional para que decrete su ilegalidad.

El PP calificó la Lomloe -a través de Sandra Moneo- como «una ley fallida que certifica la ruptura del pacto constitucional en educación» y aseguró que el PSOE renuncia a ser un partido de Estado, con un texto de radicales e independentistas, «solo por mantenerse en el poder».

Los populares comenzaron una ofensiva nacional contra la ley adhiriéndose a las manifestaciones que el domingo realizará la concertada, con la inauguración por su líder, Pablo Casado, de una recogida de firmas en la calle, con una campaña en redes, con actos y reuniones con los detractores de la norma y con la votación de mociones en ayuntamientos y asambleas autonómicas.

El proyecto de ley recibió el visto bueno mientras los representantes de los colegios concertados -empresas, padres, sindicatos y asociaciones-, que han recogido 1,5 millones de firmas para pedir su paralización, protestaban por cuarta vez ante las puertas del hemiciclo. Agrupados en la plataforma 'Más Plurales', subirán el tono de sus movilizaciones el domingo, cuando, a bordo de sus vehículos, se manifestarán por las calles de las principales ciudades españolas. En la Comunitat, no obstante, no se ha impulsado ninguna convocatoria de adhesión a la medida.