El Consell recopila el rechazo del Gobierno central a sus demandas tras seis meses de dana

«Desde entonces, el Gobierno de España es incapaz de poner todos los recursos necesarios para que los afectados tengan una vivienda en condiciones, reacondicionar un centro social o ayudar a las empresas a abrir sus negocios. La única ayuda que ofrece a la Generalitat es acudir a más deuda que tienen que pagar todos los valencianos, negando al Consell las imprescindibles ayudas a fondo perdido para afrontar el proceso de reconstrucción», señalan fuentes de la Generalitat, que ha recopilado «los principales rechazos del Gobierno de Sánchez a las propuestas del Consell presentadas en por las distintas consellerias durante estos seis meses».

En el caso de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el Gobierno valenciano reclama un Plan contra Inundaciones ue implica una inversión de 2.390 millones, con medidas como «la modernización e implementación de nuevos modelos predictivos o el establecimiento de un sistema de alarmas en los cauces con impacto urbano». Igualmente, el Ejecutivo autonómico reclama la compatibilidad en las ayudas a los arroceros, ya que «la ayuda del Gobierno a los arroceros hace incompatible nuestra ayuda al mismo sector».

Desde la Conselleria Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se reclaman 25 millones para comprar de vivienda industrializada, en lugar de gestionar compra vivienda a través de alcaldes, así como la creación de un centro de acogida temporal para las personas que hayan perdido su vivienda y no tengan ningún otro recurso habitacional: «La Generalitat tuvo que asumir este recurso con una inversión de 2,4 millones».

Además, el Gobierno valenciano pide el «abono de las cantidades necesarias para la reparación de centros sociales y viviendas sociales dañadas, y puesta a disposición de los afectados de todas las viviendas de la SAREB que se encuentran en las comarcas afectadas por la dana».

El departamento que lidera Ruth Merino reclama ayudas a fondo perdido a la Generalitat para la reconstrucción, «que sí ofreción durante la pandemia», así como la exención fiscal de las ayudas concedidas por la Generalitat a autónomos y empresas como tienen las ayudas estatales, además de la exención del IVA en la compra de vehículos nuevos y exención del IBI y el IAE en 2025.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo solicita al Gobierno que se habilite un bono cultural con una inversión de 15 millones de euros para impulsar la recuperación del sector y que se aporte financiación para afrontar los costes producidos en las infraestructuras educativas.

«Sin noticias de Universidades. La ministra Diana Morant ha sido la única de los cuatro ministros que se corresponden con este departamento que no se ha puesto en contacto con la conselleria para nada», según la Generalitat.

El departamento de Valderrama exige la inclusión de todas las poblaciones afectadas por la dana de la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia en los decretos del Gobierno para que puedan recibir ayudas, «como sí ha hecho la Generalitat. El Gobierno ha excluido a 28 municipios». El Consell también pide mucha mayor agilidad en la limpieza de cauces y barrancos.

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo solicita mayor agilidad en el pago de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros.

«En el caso de empresas, se ha abonado 13.155 solicitudes de un total de 19.290, lo que supone un 68 % del total, de un dinero que pagamos todos», señalan desde la Generalitat, que también recuerda que se le reclamó al Ejecutivo central que se dirigiese a la Unión Europea «para la flexibilización del requisito de mínimos para facilitar el apoyo a las empresas afectadas por la riada».

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio exige la firma de un convenio para sufragar la tarjeta de transporte gratuito para afectados por las inundaciones Recuperem València.

«La Generalitat está subvencionando a 200.000 ciudadanos el transporte de todo el año de forma individual», recuerda la Generalitat respecto a la gestión del departamento que dirige Martínez Mus, que también demanda «agilizar la ejecución de las obras hidráulicas pendientes».

La Generalitat ha reclamado al Gobierno «que concreten los proyectos y plazos para llevar a cabo las obras de encauzamiento pendientes en el barranco del Poyo y la Saleta para poder determinar en qué terrenos se podrá o no recalificar suelo y urbanizar. No ha habido ninguna respuesta, tan solo información general del proyecto de la Saleta que ha llegado de forma indirecta».

Igualmente, la conselleria solicita al Ejecutivo de Sánchez que participe «en la reconstrucción de l'Albufera y transferir los fondos prometidos para el parque natural, depuración y saneamiento».

«La Generalitat está invirtiendo más de 30 millones de euros para mejorar el ecosistema del parque natural mientras que el Gobierno prometió una inversión similar de la que no tenemos ninguna noticia. El Gobierno tampoco ha transferido los más de 40 millones prometidos para depuradoras y saneamiento y no ha querido sumarse al pacto de l'Albufera que garantizará el agua en el futuro gracias a la colaboración con los regantes», señalan desde el Consell.

La cartera de Mariano Gómez demanda que el Gobierno contribuya a la «inversión para la reparación de los centros de salud afectados» y recuerda que deben ponerse en marcha «las nueve Unidades de Emergencia de Salud Mental (USME) prometidas».

La vicepresidencia de Gan Pampols solicita una Comisión Mixta «para coordinar, aunar esfuerzos, evitar duplicidades y codirigir de manera efectiva las actuaciones y ayudas para la recuperación. En el caso del volcán de la Palma sí que se creó«.

La conselleria para la Reconstrucción pide un «pacto de Estado que permita revisar, actualizar y priorizar las inversiones en infraestructuras hídricas en toda la cuenca mediterránea (no solo en barranco del Poyo) para minimizar riesgos ante futuras inundaciones».