«Lucharé hasta que me devuelvan a mi hija»

Nathaly Salazar tenía 25 años cuando su rastro se perdió para siempre. Fue el 2 de enero de 2018, en un viaje a Perú. Hoy, casi tres años después, la familia de la joven valenciana sigue luchando en busca de justicia y sin poder enterrar a una hija cuyo paradero se desconoce.

El futuro de los dos jóvenes sospechosos de su muerte se decide ahora con una vista de apelación que comenzó ayer en Cuzco. Los jueces deciden si mantienen los 11 años de prisión que para ambos impuso un juzgado en primera instancia, elevan la pena siguiendo la petición de la familia de la víctima o bien la rebajan como reclaman los dos homicidas. Ellos permanecen encarcelados pero su sentencia aún no es firme.

Este nuevo escalón en el proceso judicial coincide, casi de lleno, con el tercer aniversario de la desaparición de Nathaly. Su madre, Alejandra Ayala, volvió ayer a clamar justicia, pendiente del desarrollo de la vista de apelación desde su vivienda de Patraix. «Lucharé hasta que me devuelvan a mi hija», anunció con la esperanza de que el tribunal peruano escuche al fin su petición: «queremos una condena ejemplar» para los dos homicidas, convencida ante las pruebas de que la muerte de su hija no fue un accidente, «sino un feminicidio, un crimen doloso».

Los dos sospechosos de la muerte de Nathaly, Jainor Hulica Huaman y Luzgardo Pillco Amau, fueron detenidos pocas semanas después de la desaparición de Nathaly. Según su versión, contactaron con ella porque quería practicar tirolina en el paraje de un pueblo andino y sufrió un accidente en el que se golpeó. Pero en lugar de pedir ayuda, dicen, se asustaron, la dieron por muerta y lanzaron su cuerpo a un río. Por estos hechos fueron condenados en primera instancia por homicidio culposo (imprudente), hurto y ocultación de pruebas.

La familia de Nathaly, a través de su abogado peruano, estima que la condena que se les impuso es «ridícula». Los padres de la joven, personados en el procedimiento, reclaman entre 20 y 25 años de prisión para cada uno por un homicidio doloso. En su contra están los abogados de los sospechosos, que buscan una rebaja de su condena inicial a seis años de prisión, prácticamente la mitad, por los mismos delitos por los que el primer tribunal los halló culpables.

Y esa es la batalla judicial que se libra en el tribunal de la Corte Superior de Cuzco. Las declaraciones son por videoconferencia por las restricciones de la pandemia. La justicia para una vida perdida en plena juventud está en manos de tres jueces.