Puente copia a Oltra para hundir a Ábalos

El recorrido. La entrevista de José Luis Ábalos en Onda Cero será una de las piezas radiofónicas del año. Un ejercicio de cómo un ... ministro pretende instalar un hecho extraordinario -los viajes de una amiga en la comitiva oficial- como algo ordinario, habitual e incluso frecuente. Una fenomenal confusión entre lo público y privado que pasaría desapercibida en una Pyme, pero que se antoja incomprensible para todo un ministro de Transportes y exsecretario general del PSOE. El mensaje anterior, no obstante, no debería ocultar una de las quejas del exministro que sí goza de cobertura en un relato lógico y legal. Se trata de la famosa auditoría -en palabras del propio ministerio- sobre el encargo y compra de las famosas mascarillas que amenazan -parece cuestión de tiempo- con la imputación del diputado nacional y hasta ahora una de las referencias del socialismo valenciano. ¿En qué medida una administración puede encargar un informe -sobre el fondo de los hechos- cuando un juzgado se encuentra analizando ya la existencia de actuaciones delictivas? Pues no parece apropiado. De hecho, la operativa recuerda, sin necesidad de demasiados rodeos, a la que según la Audiencia de Valencia se puso en marcha tras la denuncia por abusos sexuales al exmarido de Mónica Oltra: «una instrucción parajudicial». Recuerden. Tras no dar credibilidad a la menor y conocer la vicepresidenta la denuncia contra su expareja, cargos de la Conselleria -al principio fue por orden de Oltra, según confesó, aunque más tarde rectificó- pìden la elaboración de un informe para evaluar los protocolos utilizados en esa primera exploración de la menor, pero eso acaba siendo un dosier para desacreditar a la menor. Expediente de información reservada, lo llamaron. El objetivo, según la tesis del tribunal, era evitar que la conselleria pudiera tener alguna responsabilidad. Algo parecido ha ocurrido con el ministro Óscar Puente. El informe, más que exculpar a la Administración, se ha convertido en una diana para culpar a Ábalos con esa referencia temporal de que en 20 minutos se pasó de comprar cuatro millones de mascarillas a ocho por orden del responsable gubernamental. El expediente ya ha sido reclamado por el juzgado, lógicamente, sorprendido ante una 'pericial' de motu proprio. Quizá sea ese un primer paso de las Administraciones de cara a la transparencia. Lo dudo. El Gobierno quiere enterrar la etapa de Ábalos. Y lo va a hacer sin importarle el precio. Elaborar un informe con un evidente destinatario parece algo asequible a la vista de los acontecimientos. Pero no parece ético ni ejemplar. Y se corre el riesgo de infravalorar al exministro. No se debe confundir la muerte del 'abalismo' con el entierro de su líder. Un político herido y en este caso hábil puede causar algún incendio. Intencionado, claro.