El TSJ envía un balón de oxígeno al presidente Mazón

El ruido de la batalla política resulta, en ocasiones, nauseabundo. Una tesis que firmaría cualquier ciudadano consiste en que ninguno de los participantes en el ... Cecopi y de ninguna de las administraciones puede presumir de su actuación durante aquellas horas fatídicas del 29 de octubre. Tampoco de las posteriores. No se salva ni la Generalitat ni el Gobierno. Pero llevamos meses entre la elaboración y distribución de los diferentes relatos. Esto vendría a ser cómo apuesten todo al rojo o al negro, pero no vayan a las decenas. Un conmigo o contra mi. Y como todo en la política, pero también en la vida, la verdad reside en los tonos grises. Mazón no estuvo donde debía. Faltó diligencia. Y todavía no termina de encajar su versión de los tiempos y hasta la llegada al Cecopi. Tampoco Pilar Bernabé puede ponerse una medalla de aquella jornada porque codirigía la reunión de emergencias. De la exconsellera Salomé Pradas no hace falta añadir nada. La incompetencia fue manifiesta. La actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de su presidente Miguel Polo es una nefasta carta de presentación. Al menú se le suma el desapego exhibido por Pedro Sánchez. Menudo cóctel para una sobremesa. Pero esto pertenece al mundo político. Veremos cómo termina. En el otro capítulo, el judicial, el asunto resulta igual de complejo. La titular de Instrucción 3 de Catarroja quiere que la investigación coja velocidad de crucero antes del previsible avispero en el que se convertirá el sumario. De momento, Vox y Podemos ya se han personado como acusaciones populares. No serán las únicas. Compromís lleva meses preparando una querella -ahora ya no le haría falta- para sumarse al procedimiento. Pero, de momento, siguen a la espera. PP y PSPV, por motivos evidentes, no se personarán. ¿Qué ocurrirá con estas acciones populares? La juez puede optar por mantener la autonomía de cada una de los partidos o sindicatos, algo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Oltra. O, por el contrario, también podría unificar todas en una única dirección letrada. En este supuesto no tiene nada que ver Podemos con Vox. Al margen del desarrollo de esta instrucción, el TSJ, en el auto en el que rechaza abrir causa a Mazón, ahonda en una cuestión primordial para el aforado, pero que se hace extensible también para el resto de investigados. La dificultad de poder acusarlos de un delito de homicidio imprudente, estrategia que mantienen buena parte de las acusaciones. Se trata de una «investigación compleja» para deslindar «conductas» -intervienen numerosos responsables e instituciones- e individualizar cada unas de las acciones y su carácter delictivo. Pero, una vez logrado eso, resulta capital «proclamar una causalidad potencial respecto a la acción que no se ha llevado a cabo». En otras palabras, «habría que demostrar que si se hubiera informado con anterioridad o se hubiera anticipado la alerta, el plan de emergencias o la ayuda estatal, por ejemplo, se habrían impedido los daños». Y esto no puede ser desde «términos empíricos» - lo que vendría a traducirse en un sentir general, hoy sin duda mayoritario, de que hubiera sido así- aplicado a unas estadísticas. Todo lo contrario. «La imputación de las lesiones y homicidios ha de basarse en pruebas para cada una de las víctimas». Y esa supuesta omisión ha de configurarse también de acuerdo a la información disponible en aquel momento. Será una instrucción larga, compleja, con un desgaste político de enorme magnitud para los protagonistas, pero con enormes condiciones previas. Hoy por hoy -queda toda la instrucción- parece imposible cumplir los requisitos que adelanta el TSJ.