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Esta semana me encontré en todas las dependencias administrativas de la Universidad de Valencia un documento sin firma, sin membrete oficial y, aparentemente, sin ningún responsable del mismo. Decía así: «Se comunica que a partir del 1 de septiembre de 2023, los miembros de la ... comunidad universitaria, tendrán la obligación de relacionarse con la Universidad de Valencia por medios electrónicos'» Pregunté de dónde procedía esa «nueva obligación», en qué artículo de los estatutos, en qué parte del Estatuto de Autonomía o incluso en qué artículo de la constitución. Los responsables me dijeron: «viene de arriba», lo que en este caso se entendía de manera literal porque las autoridades que habían dado la orden estaban en las plantas superiores.

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