El limbo de la dependencia

Sería injusto decir que los responsables no se han tomado en serio el tema porque hace tres años el Ministerio de Derechos Sociales aprobó un plan de choque que incrementaba significativamente la financiación. La situación del sistema era tan vergonzosa que los responsables del ministerio invirtieron más de 600 millones anuales para reparar el problema. La inversión se ha notado algo y las diferentes autonomías han agilizado los trámites de la valoración para el reconocimiento de los derechos. El objetivo no era cumplir la ley de la Dependencia, si por tal entendemos el reconocimiento de las prestaciones a las que cualquier ciudadano necesitado tiene derecho después de la correspondiente valoración. El objetivo era más realista: reducir el 'limbo de la dependencia'.

Con la potencia que tienen las metáforas teológicas aplicadas a las políticas públicas, el limbo describe dos situaciones fronterizas: por un lado, las personas que tienen una necesidad y no han sido valoradas, para que se les reconozca el tipo de prestación que van a recibir. Por otro, las que, aun siendo valoradas, están sin recibir la prestación a la que tienen derecho. A finales del pasado año aún hay 296.425 personas en lista de espera, 179.244 en espera de recibir la prestación y 117.181 esperando ser valoradas. Según los datos de años anteriores, el plan ha conseguido reducir 2 puntos el porcentaje total de personas que estaban en esta situación, pasando del 13,4% al 11,4%. Aunque el dato es positivo, los redactores del informe nos recuerdan que Cataluña ha realizado un 'ajuste estadístico' en noviembre de 2023 por el cual han desaparecido 25.296 personas del limbo. Si a ello añadimos que 40.447 personas fallecieron en 2023 mientras esperaban ser valoradas o atendidas, o que se tarda una media de 324 días para ser valorado, la situación no solo es preocupante y alarmante, sino de juzgado de guardia. Y todo esto sin entrar a valorar la demora en el abono, la desigualdad por territorio, la burocratización de estructuras y procesos, la discriminación por edad o la escasa preocupación administrativa por la calidad de los cuidados.