La revolución de algunos letrados

La resistencia contra los caprichos y las arbitrariedades de las nuevas minorías que están apuntalando la frágil mayoría gubernamental no puede hacerse únicamente en las calles. Las emotivas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz la pasada semana, después de constatar que parte de su propio grupo no la apoyaba y que la negociación con Junts o Esquerra es endiabladamente imprevisible, mostraron una convicción que todos compartimos desde la noche del 23J: con las condiciones de esos grupos, España es ingobernable. Por mucho que el gobierno se esté pasado de rosca revolucionaria y el estado mayor universitario de Sumar quiera acelerar las ocurrencias legislativas, incrementar los niveles de polarización o promover iniciativas que deslegitimen la monarquía constitucional y la transición, aún hay colectivos profesionales dispuestos a resistir y mantener aquél compromiso de la concordia o ética civil que promovió la cordura en la vida política.

La revolución a la que invitan estos letrados, y con ellos todos los cuerpos profesionales de la administración que todavía tengan conciencia de servidores públicos, no tiene nada que ver con la subversión del orden establecido. Tampoco con el derrocamiento de los poderes constitucionales o con un imaginado tsunami moral que pudiera empujar a todos los colectivos capacitados para defender un cambio de régimen. Nada más lejos de estos letrados que llamar a la insurrección, precisamente reclaman coherencia con otros informes que habían realizado sus propios compañeros unas semanas antes y donde se decía prácticamente lo mismo: las Cortes no tienen competencia para esta ley, la Constitución en su letra desautoriza expresamente los indultos, y en su espíritu los redactores rechazaron dos enmiendas que pedían incluir amnistía. Advierten claramente que, de aprobarse la ley, no sólo quedarían tocados el principio de igualdad, sino que se blanquearía la malversación, la impunidad y la seguridad.