El lunes 16 de octubre de 2006 el magistrado Cándido Conde-Pumpido era ya Fiscal General del Estado cuando acudió al Senado. Los populares le pedían precisión en unas declaraciones en un congreso de Jueces para la Democracia, donde afirmaba, en relación con el alto ... el fuego de ETA: «La Justicia no esta para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos». En aquella comparecencia tuvo una frase lapidaria que surge cuando tratamos la politización de la justicia: «El vuelo de las togas no eludirá el contacto con el polvo del camino». Si recordamos la importancia de unas togas limpias y aseadas, con una bocamanga y unas puñetas más próximas al blanco puro que al blanco tiza, hueso o crema; incluso si recordamos la importancia que los guantes blancos tienen en ceremoniales académicos que exigen togas, no tenemos más remedio que asociar la práctica de la justicia que realizan los magistrados con el decoro, la blancura y la limpieza, símbolo de neutralidad o imparcialidad.
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Parece que algunas togas llevan tiempo sin pasar por la tintorería. El blanco puro de la bocamanga y las puñetas se ha transformado en blanco crema o beige. Después de los últimos plenos del Tribunal Constitucional que han enmendado la plana al Tribunal Supremo, borrando la malversación de los ERE de la Junta de Andalucía, uno llega a la conclusión de que las alas de las togas están manchadas y no hay voluntad de limpiarlas. En lugar de acudir a la lavandería, hay magistrados que evitan la limpieza, que se desentienden de ella, que confunden el compromiso profesional con la partidización, lo que los italianos llaman 'lotizzacione'.
Al admitir los recursos de amparo de los encarcelados por los ERES, las togas de estos magistrados han recorrido un largo camino embarrado, con poca voluntad de ir a la lavandería. Sorprende que enmienden la plana al Supremo y cuestionen el trabajo de los magistrados de la audiencia de Andalucía. Pero lo más curioso es el tsunami argumentativo con el que Juan Espadas o Joan Lerma han salido a defender a los condenados amparándose en alambicadas distinciones torticeras, distinguiendo aspectos administrativos, políticos y penales en la malversación como disposición ilícita de caudales públicos, como si los 680 millones que detrajeron sistemáticamente de las arcas públicas no hubieran existido. Y sorprende más aún cuando Enrique de Santiago, de Sumar, habla de 'derecha judicial', cuando los responsables de otros casos, vinculados a otros partidos, no tienen nadie que se manche la toga por ellos.
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