Hace unos días se presentó en Cáritas un informe de la Fundación FOESSA que lleva por título 'La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria'. No se trata del estudio general sobre la pobreza en España que, cada cuatro años, realiza esta fundación, ... sino de un avance que anticipa los resultados que se harán públicos en 2025. Estos estudios siempre han sacado los colores a los responsables de las políticas públicas en general, y las políticas sociales en particular, porque muestran con datos incuestionables lo poco que se avanza en la reducción de la pobreza y cómo se parchea en servicios sociales especializados cuando se habla de ellos en términos de 'gasto' y no en términos de 'inversión'.
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El informe anticipa algunas claves y termina con una conclusión revolucionaria y hasta disruptiva en las investigaciones de estos equipos socio-económicos cuando analizan el empobrecimiento. Me refiero a la última conclusión que nos ofrecen en el último párrafo de la página 50, y última. Se habla de 'potenciar la comunidad' con una terminología poco propia del personalismo comunitario que animó a los creadores de la Fundación FOESSA, remitiéndose a las investigaciones sociales, políticas y económicas de 'los comunes'. El párrafo confunde el concepto de comunidad de la tradición que anima y patrocina los estudios con una referencia a 'los comunes' que resulta cada vez más habitual en la investigación social crítica para expulsar de las investigaciones socio-políticas todo lo que tenga que ver con la propiedad y con el estado.
'El gobierno de los bienes comunes' era el título de la obra de Elinor Ostrom que, junto con Olivier E. Williamson, recibió el Nobel de Economía en 2009 por su contribución a la investigación social, al señalar que hay muchos casos donde los bienes comunes son gestionados comunitariamente, mediante arreglos o equilibrios institucionales básicos. Este valor de la autogestión vecinal y comunitaria de bienes, que exige buena fe, responsabilidad y solidaridad, formaba parte de la tradición moral con la que Jacques Maritain o Emmanuel Mounier inspiraron el diseño constitucional del estado liberal para que también pudiera ser considerado como social. Bienvenida sea esta recuperación de la comunidad porque señala que la protección social no puede basarse solo en un teórico sistema de derechos individuales, subsidios, empleos precarios o subvenciones administrativas. Tímidamente abre la puerta al ámbito de la participación, la interacción social, el cuidado mutuo, el trabajo como algo más que un empleo, el bien común y sobre todo el olvidado horizonte de una responsabilidad relacional.
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