La democratización de la educación superior en nuestro país es una realidad desde hace más de cuarenta años. De forma más o menos razonable, todo ... aquél joven (y no tan joven) que quiere estudiar en una universidad pública en España puede hacerlo, tanto por condiciones económicas como académicas. Además, puede estudiar de forma presencial relativamente cerca de su domicilio, ya que el arraigo territorial de la universidad pública es importante y contamos con un campus universitario presencial público prácticamente en cada provincia.
Sin embargo, con posterioridad a esta democratización del acceso a los estudios superiores han surgido numerosas alternativas de carácter privado. La última universidad pública española que vio la luz fue la Politécnica de Cartagena hace 27 años; por el contrario, desde 1998 a esta parte han germinado 26 centros universitarios privados. Por tanto, el panorama en España, según los datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es el siguiente: 91 universidades de las cuales 50 son públicas y 41 de titularidad privada. Parece claro que la tendencia en este primer cuarto del siglo XXI es la de la proliferación de universidades privadas. Seguro que hay más de un motivo que explica el porqué de dicha tendencia.
En cualquier caso, las universidades privadas, tradicionalmente, estuvieron (y todavía siguen estando) en manos de la Iglesia Católica. He ahí los ejemplos de las Universidades de Deusto, de Navarra y las Pontificias de Comillas y Salamanca. En el año 1993 se llega a un punto de inflexión con la creación de la primera universidad laica y privada: la Alfonso X El Sabio, sita en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, dicho de forma coloquial, se abre la veda y empiezan a surgir campus universitarios privados a lo largo y ancho del territorio español. Al alimón de las aperturas de universidades privadas sucede que las condiciones, metodologías y financiación, entre otras, de las universidades públicas no son todo lo competitivas que debieran. El sistema universitario público se resiente.
En un contexto donde la mayoría de los jóvenes españoles aspiran a estudiar en la universidad se une el atractivo de nuestro país para otros estudiantes de distintas nacionalidades, especialmente iberoamericanos, que ven en España una oportunidad de formarse en un sistema universitario de calidad, con alto valor y cuyos títulos ofrecen una ventana de posibilidades de desarrollo profesional y personal. Suma, a todo ello, la supresión de las fronteras físicas a través de las nuevas tecnologías, motivo por el cual las universidades en línea son un modelo exitoso de negocio.
Visto de forma somera el contexto y la evolución de la universidad española, vayamos al asunto. El Gobierno, en boca de su presidente y de varios de sus ministros, lleva tiempo anunciando un endurecimiento al proceso de creación de universidades privadas. Las palabras han cristalizado, finalmente, en el Consejo de Ministros celebrado el 1 de abril de 2025 en el que se acuerda la tramitación administrativa urgente de modificación de la normativa para la creación y reconocimiento de universidades.
Con estas acciones, se pretende frenar o, al menos, aumentar la rigurosidad y uniformidad en la creación de universidades privadas, en una clara alusión a las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid cuenta con una oferta de 19 universidades, de las cuales 6 son públicas y 13 privadas, y la comunidad andaluza ha pasado de contar con un solo centro universitario privado a 4 en los últimos 5 años. La Comunidad Valenciana, por su parte, cuenta con un cierto equilibrio en el reparto de la titularidad de las universidades radicadas en su territorio con un total de 5 públicas y 4 privadas, una de ellas en línea. Precisamente, ahí está la clave del éxito: en el equilibrio.
La universidad privada obedece a una alta demanda de estudios universitarios, tanto de grado como de posgrado, y surge generalmente en aquellos territorios más dinámicos, con mayor volumen de población (potenciales clientes) y con un contexto político más favorable a lo privado, es decir, de corte más liberal o conservador. Autorizar la creación de universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria y/o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una auténtica aberración; del mismo modo, el generalizar y llamar a las universidades privadas «chiringuitos educativos» también.
El debate tiene que pivotar necesariamente en torno a la excelencia y calidad educativa. La titulación, acreditación y calidad de sus docentes, la exigencia y el cumplimiento de unos requisitos mínimos en sus titulaciones, deben ser, del mismo modo, condiciones sine qua non para la creación y el mantenimiento de cualquier universidad. En la universidad privada y, por supuesto, en la pública, conviven y coexisten académicos e investigadores de reconocido prestigio, profesionales que ponen al servicio del alumnado sus conocimientos prácticos y, por desgracia, también 'personajes' con más nombre que vocación docente para colmar algunas maltrechas expectativas personales.
La discusión, en definitiva, no es si universidad pública o privada, pues ambas son complementarias y permiten absorber la gran cantidad de demanda de estudiantes existente en nuestro país; más bien, el centro del debate es qué tipo de universidad y estudiantes queremos. Sin duda, una universidad de calidad, excelente, exigente, financiada, moderna y con profesores de primer nivel. Y, unos estudiantes con alternativas y libertad de elección.
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