En defensa del Consorcio de Compensación de Seguros

En el caso de la dana de finales de octubre de 2024, el cumplimiento de ese objetivo, la reparación de los daños sufridos, ha sido posible, entre otras, por la ejemplar colaboración público-privada llevada a cabo entre este Organismo y 38 aseguradoras privadas representadas por UNESPA, la patronal de las aseguradoras en España, que el 13 de noviembre de 2024 (es decir, sólo 9 días después del final de las lluvias torrenciales causantes de esta catástrofe nacional) firmaron un 'Procedimiento Especial' para coordinar y agilizar la gestión de las reclamaciones, la peritación de los daños y el pago de las indemnizaciones debidas a los asegurados afectados.

Así, de acuerdo con los datos facilitados por el propio Organismo en las Notas Informativas de 16 y 31 de diciembre de 2024, en el tiempo transcurrido entre el 13 de noviembre y 31 de diciembre, éste se vio en la necesidad de incrementar de forma muy importante el número de tramitadores para gestionar las 235.933 solicitudes de indemnización ya recibidas hasta esa fecha, de las que el 95% se localizan en la provincia de Valencia; quintuplicar, el número de peritos disponibles normalmente, movilizando a más de 1.000 de estos profesionales a los que se han asignado más de 231.485 expedientes; o multiplicar por 10 los puestos de atención telefónica.

El resultado de esta colaboración público-privada y este esfuerzo de coordinación es que a 15 de enero de 2025 , es decir, algo más de 10 semanas después de la catástrofe, el Consorcio de Compensación de Seguros habrá pagado ya 1.049.995.605 de euros ,correspondientes a 81.399 solicitudes de indemnización. Cifra, de la que 482,5 millones de euros corresponden a daños a los vehículos; 314,1 millones a daños a la viviendas y comunidades de vecinos;130,6 millones a daños a comercios, almacenes y oficinas; y 122,9 millones a daños a riesgos industriales y obras civiles.

Pero, con independencia de estos datos que hablan por sí solos en cuanto la rapidez y eficacia de la respuesta de este Organismo, me Interesa destacar, además, que en todos los casos se trata de pagos efectivos, no de préstamos a devolver o subvenciones, porque estos pagos son la consecuencia de la ejecución de un contrato de seguro de daños a las cosas, firmado entre el Consorcio y cada asegurado que ha pagado su prima al Organismo en el momento de firmar voluntaria y libremente el correspondiente contrato con la aseguradora privada que haya escogido, la cual, en el recibo de ese pago hará constar el oportuno 'recargo del Consorcio'. Por tanto, son pagos independientes de los que las Administraciones Central o Autonómica puedan presupuestar, gestionar y ejecutar para hacer frente a esta catástrofe.

Se trata, pues, de un contrato de seguro en toda regla, sometido a la Ley del Contrato de Seguro, de 1980, y, como tal, basado, entre otros, en principios básicos de la técnica aseguradora: la dispersión y diversificación de los riesgos; la mutualización de los daños; una tarificación acorde con las probabilidades de acaecimiento , en este caso, de un evento catastrófico frente al que pretendemos cubrirnos; y la prueba efectiva de la existencia del daño sufrido.

Valoremos, pues, con independencia de la política y de aquellos aspectos que tengan que mejorarse, este 'invento' español, admirado fuera de nuestro país, y que sin ruido, ni autocomplacencia, ha beneficiado a nuestra sociedad a lo largo de los últimos 70 años.