La injusticia tiene nombre de niñas

Cómo puede llevar una causa judicial con dos niñas muertas al volar un hinchable más de dos años de instrucción sin que se haya decidido ... ya si alguien ha de ir a juicio por semejante drama? ¿Cómo puede estar una instrucción judicial más de medio año hibernando, el tiempo que lleva el juzgado de Mislata sin responder a las diligencias pedidas por los padres y sin dictaminar si sigue o no adelante con la causa y si alguien debe responder por dos muertes? ¿Cómo el Consejo General del Poder Judicial no toma cartas en el asunto ante lo que es ya un tema de libro de dilaciones indebidas, una de las circunstancias que más usan los procesados en casos penales para luego pedir una rebaja de la posible condena, cuando en muchos casos son estas partes del proceso las que alargan y alargan y alargan una instrucción para luego beneficiarse de una reducción de la pena precisamente por estos hechos? ¿Cómo puede ser que poderes públicos (Ayuntamiento de Mislata, Generalitat...) no se pongan de forma tajante y rotunda al lado de las víctimas, de manera institucional y humana, para que las familias de las niñas se sientan respaldadas y arropadas? Porque no se sienten en absoluto así. ¿Cómo es posible que un pleno de la Diputación acabe con un breve y somero recuerdo por parte del presidente para la niña en las fechas del que hubiera sido su séptimo cumpleaños y el alcalde de Mislata y portavoz de los socialistas en la corporación provincial, Carlos Fernández Bielsa, guarde un vergonzante silencio entre los asistentes? ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento, la postura procesal que tenga sea personarse en la causa alegando que es un perjudicado, que los padres están atacando el buen nombre y el de su alcalde, por hacer los padres lo que haría cualquier persona: pedir apoyo del Ayuntamiento, respuestas al juzgado y humanidad por encima de todo? ¿Cómo es posible que más de dos años después de que un castillo hinchable volara por los aires, sin que nadie en el Consistorio se diera cuenta de que la feria estaba montada en otro sitio del que habían asegurado, sin que nadie revisara unas cuerdas de amarre que eran una auténtica catástrofe y sin que nadie con un cargo político haya dimitido por una causa en la que está imputado un técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata? ¿Cómo es posible que más de dos años después de que la tragedia sucediera y segara dos vidas de sólo cuatro y ocho años, ni ayuntamientos, ni Consell ni Gobierno central hayan movido un dedo para mejorar una normativa y control de las ferias, que se pueden seguir montando con todas las lagunas y comprobaciones de seguridad que ya existían en 2022?