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Lo que ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a la hora de tomar la decisión de realizar una auditoría general del sector público en la Generalitat es lo que toca nada más ganar unas elecciones. En una empresa privada, y en ... la política también. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, porque pinta que va a traer sangre, pues un president de una Generalitat no se lanza con acusaciones tan graves como así lo ha hecho Mazón.
¿Por qué es importante auditar una empresa cuando se adquiere o se cambia la gestión? Básicamente para diagnosticar los procesos que se han realizado hasta el momento, conocer cómo se ha trabajado y ver si los nuevos gerentes o dueños van a heredar en la empresa 'marrones' de la anterior gestión. Tal y como ha escenificado Mazón la decisión de la auditoría, tiene pinta de que los 'marrones' del Botànic van a dar titulares. De hecho, por ahora ya tenemos, según Mazón, facturas en cajones, gastos sin control o transferencias bancarias sin titular. Estos mismos hechos en una empresa privada sonarían a mafia italiana y saltarían por los aires todas las alarmas, incluso hasta sus responsables. En política, lejos de irse de rositas como nos tienen acostumbrados nada más abandonar el poder, sería aconsejable o de obligado cumplimiento, una auditoría pública como ejercicio de transparencia y responsabilidad de los que hasta el momento gobernaron, se supone, con buenas prácticas.
Malgasto, descontrol, pagos a terceras personas sin autorización y prácticas de dudosa legalidad son acusaciones muy directas a la línea de flotación de la oposición. La respuesta de PSOE y Compromís a tamañas acusaciones no hacen más que certificar que Mazón ha dado en la diana. Si todo lo que tiene el PSOE lo argumenta con que Mazón está preocupado porque Zaplana se sentará este año en el banquillo o que Paco Camps tendrá la sentencia por la Gürtel, por cierto dándolo por corrupto cuando ha demostrado su inocencia con casi una decena de absoluciones, pues es que no tienen nada a lo que agarrarse. Tiempo van a tener para encomendarse a la Virgen de los Desamparados y justificar más de 4.000 contrataciones no autorizadas o la indecente cantidad de 800 millones de euros en contratos adjudicados a dedo. Impensable que no se dirimieran responsabilidades en una empresa privada, así que si se demuestra que son ciertas las irregularidades cabría esperar de igual forma los causantes pasaran por caja para pagar la fiesta, vía administrativa o vía penal.
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