El ¿nuevo? Consejo General del Poder Judicial

Pero no todo es oscuro aquí. Este descarado incumplimiento de la Constitución trae una utilidad inesperada, aunque dura de reconocer. Hace patente para la sociedad que las normas jurídicas (Constitución la primera) no sirven, por sí solas, para nada. Es decir, el afortunado pueblo que contara entre sus legisladores a los más grandes de la historia no tiene asegurado su porvenir. Podrá dotarse del Derecho más perfecto, más técnico y sistemático de los posibles, pero si los llamados a hacer reales esas normas (a pasarlas del papel a la carne) no están bien dispuestos, poco hay que hacer. El Derecho se fatiga, la expectativa popular se defrauda y el espíritu de las normas muere. Queda, quizás, un agradable texto, pero nada más. La historia es pródiga en ejemplos de esa clase. El más doloroso de los recientes momentos es el de la República de Weimar. Su técnicamente avanzada Constitución (1919) fue pervertida con fuerza bruta y con unos pocos decretos de Hitler. Y ahí quedó allanado el camino que ya conocemos de sobra.

Como digo, esta utilidad inesperada que ha traído la renovación del Consejo General del Poder Judicial ayuda hoy a ubicar bien la siguiente discusión que se plantea en España: ¿qué modelo de elección de los vocales queremos para el futuro? La disyuntiva es clara: elección parlamentaria o judicial o, quizás, un experimento a medio camino. Los argumentos en favor de cada una de las posturas son ya conocidos. Se resumen en hacer preponderar o bien la legitimación democrática de primer grado o la independencia judicial. Y es justamente aquí donde aporta su granito de arena esta utilidad inesperada de la que hablo: ninguno de los modelos imaginables es decisivo per se.

Aunque una combinación afortunada, un Derecho pulcro, puede evitar algunos abusos infamantes, el factor decisivo está más bien en otra parte. En las personas. En aquellos concretos seres de carne y hueso que intervienen en el procedimiento político: desde quienes elegimos, desde quienes pergeñan el modelo de elección hasta quienes, finalmente, son entregados al cargo. De nada sirve el sistema de elección más puntero si los responsables lo desoyen. De nada sirve el más clarividente legislador si quienes elegimos esperamos de él no su técnica y sabiduría, sino que machaque al distinto (pero con solvencia jurídica, por favor). Es decir, ningún orden presta una Constitución que bien posa en la vitrina del Derecho, pero que nadie respeta y que nadie quiere cumplir.

Con todo esto solo quiero poner de relieve la tan dura tarea que tienen ante sí los nuevos vocales: ganarse la autoridad moral, que no adviene automáticamente con el nombramiento, sino con el ejercicio provechoso del cargo. Son solo ellos los que pueden acreditar que su procedencia política no es obstáculo para tomar decisiones justas. A pesar de que nos cueste creerlo, en algunos países de nuestro entorno, los partidos políticos eligen Magistrados del Tribunal Constitucional (por ejemplo) sin pensar que sacarán provecho de ello.

Y, en fin, a la conclusión de este texto se llega ya con cierta facilidad. Para solventar este asunto (y otros tantos) bastaría un reducido grupo de personas técnicamente valiosas pero, sobre todo, responsables ante sí mismas, ante la ciudadanía y ante la Historia. Esta los juzgará sin ninguna piedad. Los tendrá como quienes hicieron fracasar un sistema bueno o como quienes hicieron funcionar y valer un sistema -algo- malo.