Desvío de fondos

La Academia Valenciana de la Lengua ya se ha pronunciado sobre el dichoso asunto de la tilde del topónim​o de nuestra capital regional. Sin sorpresas, ... sus miembros siguen defendiendo aquel dictamen absurdo según el cual la «e» tónica de Valencia se pronuncia en valenciano como cerrada pero se escribe con acento gráfico abierto; esto último en coherencia con una pretendida tradición escrita que no es tal. Como afirmé la semana pasada, este término se escribió en todo tipo de documentos y textos literarios sin acento gráfico durante más de medio milenio, hasta la llegada de las normas ortográficas modernas. Pero la institución del monasterio de San Miguel de los Reyes elevó a «tradicional» la forma que se acomoda a la pronunciación barcelonesa. Los académicos, en congruencia con la manera de actuar de los políticos que crearon su mamandurria, continúan de este modo tratándonos como a imbéciles, porque una cosa es la exigencia de una mínima formación filológica para asuntos lingüísticos más complejos, y otra es presumir que la mayoría ignoramos cuál es la puñetera función de la tilde como representación gráfica de un sonido real. Pero dejando de lado discusiones técnicas, la actual corporación del Ayuntamiento de Valencia, que se ha propuesto actualizar la regulación sobre el nombre de la ciudad recuperando la versión en castellano y revalencianizando la versión en la lengua cooficial, se enfrenta al blindaje estatutario, obsequio de Francisco Camps, de la academia de la avenida de la Constitución como organismo competente en los asuntos toponímicos de la Comunidad Valenciana. Si bien su autoridad legal es jurídica y lamentablemente indiscutible, tanto ésta como la puramente moral se resienten por el contumaz autoincumplimiento de su propia ley de creación. Y es que sus académicos, que en gran número compaginan membresía en el Institut d'Estudis Catalans, han desbordado irregularmente el marco funcional establecido al firmar durante los últimos años acuerdos, convenios y correspondencias normativas con entidades ajenas a los valencianos, todas ellas dirigidas en exclusiva al fortalecimiento de la «unitat de la llengua catalana». El desconocimiento de su autoridad no es ya, pues, una cuestión personal, sino una actitud legal justificada. Por supuesto que un choque institucional es indeseable, pero menos lo es que sigamos perdiendo nuestro tiempo y esfuerzo en combatir la construcción de esa nueva identidad sucursalista, antagonista de la valenciana y de la española, que lleva absorbiendo y desviando durante demasiado tiempo una indecente cantidad de recursos, mientras la guerra comercial trumpiana y otros asuntos relevantes nos acucian.