Una huelga contra la libertad

Por fin el Consell que lidera Carlos Mazón se lanza a la aprobación de un paquete legislativo que le mete mano a algunos de los temas que causan más polémica en el seno de la sociedad valenciana: la libre elección de la lengua vehicular en ... la enseñanza, la sustitución de la ley de «memoria democrática» por una de «concordia» y la modificación de la ley de creación de la televisión autonómica Àpunt. Polémica que no debería ser tal si no fuera porque la izquierda española, y la sucursalista valenciana, no hubieran impuesto su marco mental, contrario muchas veces al espíritu constitucional y al estatutario, a lo largo de estas cuatro décadas que ya se están haciendo muy largas. El momento elegido por el ejecutivo de coalición PP y Vox no es casual. Quizá han demorado un poco su llegada, pero a grandes rasgos han cumplido aquello que decía Esperanza Aguirre en su libro publicado en 2021 'Sin complejos' de que las medidas legislativas más controvertidas de la derecha deberían aprobarse siempre durante el primer cuarto de la legislatura con el fin de evitar un desgaste innecesario en su parte final. Y esto atendiendo a la singularidad del contexto político español, claro; esta actuación se consideraría natural y coherente con las mayorías electorales en otros países de nuestro entorno. Tampoco va a resultar un trance sencillo, pues va encontrar una enconada resistencia del establishment catalanista por un lado, y la ya tradicional actitud acomplejada, dubitativa y temblorosa de los miembros del PPCV por otro. De hecho, inmediatamente después del anuncio del lanzamiento de la intervención legislativa, han llegado las primeras presiones y ya se anuncia una huelga de los empleados de Educación del «país valenciano» para «revertir [unes] polítiques educatives regressives» que ni tan siquiera han entrado en vigor. Fíjense que no plantean un conflicto en defensa de sus condiciones laborales que, por cierto, son bastante buenas. No, se revuelven contra la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos o contra la prohibición de referirse, en total consonancia con lo establecido por nuestro Estatuto de Autonomía, al valenciano como catalán. En el trasfondo de todo, la pérdida de su capacidad para adoctrinar al alumnado utilizando la «llengua pròpia» como galvanizador. Lo mismo harán otros agentes sociales catalanistas contra el resto de las reformas relacionadas con la «memoria histórica» o la radiotelevisión pública y por una causa conexa: la pérdida de control social para avanzar en el proceso de catalanización. ¿Mazón aguantará la tempestad que se avecina? Debería.