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A pesar del escepticismo de compañeros periodistas y de políticos que en su día estaban en la oposición, pero también en el Botánico, para mí ... la Agencia Antifraude es un instrumento valioso. Es una baldosa floja en el alicatado camino administrativo, una pieza suelta entre la Administración pura y dura y las tarimas de madera del estamento judicial. Ese desencaje tiene sus ventajas.
La Agencia no es como los interventores o los inspectores de la Generalitat, maltratados, defenestrados y sistemáticamente esquivados por parte de los cargos políticos si tienen la intención de chapucear. Tampoco opera como los juzgados, donde las causas se alargan hasta la indignidad sin que nadie dimita ni asuma responsabilidad alguna. Lo judicial contempla el resto de poderes del Estado con una displicencia inmerecida en función de sus méritos y deméritos.
En cualquier caso, ese espacio intermedio le permite a Antifraude operar con agilidad y desvelar asuntos relevantes. Bien. Eso es bueno. El problema es que no es la CIA. Es un problema porque su director, Joan Llinares, sí piensa que lo es. Llinares supone que el día a día de Antifraude debería blindarse como asunto de seguridad nacional. Hay cierto anhelo de actuar al estilo de los Intocables de Eliot Ness que no se puede aplicar, sin embargo, a todo lo relativo a esa Agencia. Por ejemplo, a la libertad sindical de su plantilla y de los propios delegados sindicales del organismo. Porque si aplicas el secretismo de la CIA a la libertad sindical puedes acabar pareciendo la TIA, Técnicos de Investigación Aeroterráquea, nombre de la organización (por llamarle de algún modo) de Mortadelo y Filemón. Las investigaciones de la Agencia serán secretas, pero su mala praxis no lo puede ser.
Y en eso estamos. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano ha tumbado, pronunciándose a favor de ello también la Fiscalía, el intento de Llinares de sancionar a una funcionaria de la que sospecha que filtró información. La elucubración nace de unos correos de ámbito sindical que manejan los empleados de la Agencia y a los que Antifraude pretende dar calidad y valor de informes secretos. Y todo porque un estudio preeliminar para realizar el Plan de Igualdad desveló varias cosas: en primer lugar, que hay varios casos de recepción de mensajes de contenido sexual indeseados por parte de trabajadoras de la Agencia; y en segundo, que buena parte de las funcionarias desconfían del organismo para tramitar, precisamente, casos de acoso. Ese estudio retrata a Llinares y al organismo que ha creado y dirige. Y que imagine topos y filtradores, lo retrata aún más.
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