El alto cargo de una Administración Pública en la Comunitat que quiera superar delictivamente a Eduardo Zaplana lo tiene muy complicado. Cuando se engrilletó al expresidente de la Generalitat deseé que todo fuera esa gran conspiración en contra de su persona que alegó el exdirigente ... del PP. Era demasiado triste, demasiado vergonzoso que una persona que ha ocupado el máximo grado de dignidad y autoridad institucional del autogobierno valenciano pudiera ser condenado por los graves delitos que se le achacaban. No ha matadao a nadie, ciertamente, pero en términos políticos y de gestión pública, la condena sobre el Molt Honorable es casi la más despreciable que pueda recalar en un servidor público. Casi, porque Zaplana no ha sido considerado culpable de organizarse para delinquir como líder de un grupo criminal. El expresidente de la Generalitat ha sido condenado por blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Diez años de cárcel. Mucho y muy mal tendrá que hacerlo cualquier otro presidente del Gobierno valenciano para alcanzar tales cotas judiciales.
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Es por todo eso que me parece triste para todos que Zaplana sea condenado por delitos de tanta gravedad, ya que se trata de un cargo electo, uno de los pocos. La mayoría de los cargos públicos ni aparecen en puestos de la lista electoral, y los que aparecen no son cabeza de cartel. Solo uno, y ese uno o una no había sido condenado jamás en la Generalitat por un asunto de tal envergadura. Así pues, el voto y la confianza de aquellos que le apoyaron ha sido completamente traicionada en función de la sentencia condenatoria. Es un golpe a la institución que presidió, la Generalitat, y a los votantes que lo eligieron mayoritariamente. Que también lo sea a su partido es menos relevante, por mucho que lo sea.
Si la condena de Zaplana no tiene parangón en el ámbito de la Comunitat, la comparativa con presidentes de otras regiones tampoco le deja precisamente en un lugar discreto dentro del escalafón de los máximos mandatarios autonómicos sentenciados por delitos de corrupción. Solo le supera, por ahora (porque hay algún expresidente madrileño al que también rondan los tribunales) el socialista navarro Gabriel Urralburu, presidente de la Comunidad Foral de Navarra entre 1984 y 1991 y condenado a once años de prisión por cohecho. Otros, como Chaves, Griñán, Matas, o el murciano José Antonio Sánchez fueron también condenados, pero con menos tiempo de cárcel que Zaplana, que támbién en esto ha resultado ser un campeón. O subcampeón.
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