Por fin llegó el Ejército

Desde el martes por la tarde-noche se vive una situación dramática en gran parte de la provincia de Valencia pero no ha sido hasta este sábado, casi cuatro días después, cuando el Estado ha desplegado unos efectivos militares y de seguridad en consonancia con la magnitud de la tragedia. Y lo ha hecho, según el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que lo pida la Generalitat, que es quien tiene la competencia sobre la gestión de emergencias. Una declaración con la que el líder socialista viene a eludir cualquier responsabilidad por el insuficiente  despliegue de los días anteriores. Como si la Comunitat Valenciana no formara parte del Estado sobre el que gobierna. Y como si la Constitución y el ordenamiento legal no tuvieran previstos mecanismos y herramientas para intervenir en situaciones tan excepcionales como la provocada por la DANA, la mayor tragedia natural del siglo XX en España.

Esta reacción tardía y los manejos políticos que se esconden tras las decisiones adoptadas no deben ensombrecer la atinada decisión de recurrir a las Fuerzas Armadas, así como a la Guardia Civil y la Policía Nacional, para auxiliar a los vecinos de los municipios gravemente afectados por la mortal riada. Son tantas las necesidades, desde el suministro de agua y alimentos a la reposición de los servicios básicos pasando por la seguridad de viviendas y comercios, que toda ayuda es poca, por lo que es probable que en sucesivas jornadas haya que recurrir a más unidades del Ejército para trabajar sobre el terreno. Es lo que todo el mundo esperaba que sucediera, ya que los medios con los que cuenta la Administración autonómica valenciana son claramente insuficientes ante la hecatombe que ha azotado Valencia.

La gran pregunta que se hace todo el mundo es por qué no se ha actuado antes, a qué se ha debido este retraso de cuatro días. Y no encuentran una respuesta lógica en la distribución competencial que sitúa las emergencias dentro del ámbito de poder de la autonomía, con lo que es al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien corresponde solicitar el auxilio del Ejército. El concepto ya es en sí mismo extraño: un gobierno regional dirigiéndose al central para que intervenga en una parte del territorio de su propio país. Resulta no sólo inexplicable sino completamente ineficaz. Como se ha demostrado.

Pedro Sánchez ha dirigido este sábado todos los focos de la indignación popular contra Carlos Mazón, lavándose las manos por no haber enviado hasta ahora más efectivos a la zona cero. Como si no existiera la declaración del Estado de alarma, que le hubiera permitido asumir el mando de las operaciones. Escudándose en que es lo más operativo –cuando es evidente que la Generalitat se ha visto sobrepasada– , el presidente del Gobierno transmite la sensación de espectador privilegiado de una desgracia ajena que, sin embargo, se desarrolla en una provincia de España. Tiempo habrá para dirimir las responsabilidades políticas por la tragedia, ahora lo principal es ayudar a la población y comenzar cuanto antes la reconstrucción de una zona que ha quedado devastada. Pero lo que no admite demora es la reconsideración de los protocolos de actuación ante situaciones tan graves como la que se está viviendo. El Estado de las autonomías, una buena solución político-administrativa que ha permitido el desarrollo de las regiones, no puede convertirse en un obstáculo que impida que ante un drama se ponga al servicio de quien lo precisa todos los medios disponibles. Que son muchos. El Ejército, por fin, ya está aquí. Si no ha llegado antes no es por culpa de los militares, que estaban deseando intervenir, sino de los dirigentes.