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Hasta cinco gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana, se van a ver afectados por la decisión de la dirección nacional de Vox de romper los pactos regionales a los que llegó con el PP. Como es sabido, el motivo de esta ruptura ... es la disposición de los ejecutivos populares a acoger menores inmigrantes que actualmente se encuentran en Canarias, a donde llegan desde el continente africano. Para la formación de Abascal, este asunto es 'casus belli' y el simple hecho de que en el PP hayan aceptado sentarse a negociar con el Gobierno central resulta suficiente para acabar con una relación política que apenas ha durado un año. Y aunque es cierto que en todo este tiempo han existido disensiones y que entre los equipos directivos de los dos partidos se ha evidenciado la falta de sintonía, no lo es menos que los gobiernos fruto del acuerdo han ido gestionando sus respectivos territorios sin mayores sobresaltos, demostrando que el alarmismo del que hace gala la izquierda cuando le toca gobernar a la derecha no sólo no está justificado sino que es descaradamente interesado y, como tal, falaz.
No es una buena noticia que unos pactos se rompan tan pronto. No envía una buena imagen. Porque, para empezar, no coloca el interés de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Antes al contrario, todo se hace depender del cálculo electoral de un partido, Vox, que cree que puede reforzar su estrategia y consolidar su clientela si se mantiene firme ante el PP en el asunto de los mena, los menores inmigrantes. Que de este modo se convierten en una especie de mercancía política. Tampoco se valora el problema que para un territorio español, como son las Canarias, representa la acumulación de estos jóvenes en sus centros de acogida, totalmente insuficientes ante las sucesivas oleadas de pateras que llegan a sus costas. Finalmente, se pone en último lugar la estabilidad de las regiones sobre las que se gobierna y a las que se somete a una tensión inesperada e innecesaria.
La Comunitat es una de ellas. Tras los comicios de mayo de 2023, populares y voxistas valencianos fueron los primeros en firmar un pacto para que Carlos Mazón fuera elegido presidente de la Generalitat. Un entendimiento que, en clave nacional, fue criticado por el efecto movilizador de la izquierda que pudo haber tenido en las urnas del 23 de julio. De aquellas reuniones surgió un Consell con un vicepresidente y dos consellers de la formación que lidera Santiago Abascal. Un ejecutivo que ha ido cumpliendo algunos de sus compromisos electorales, como la bajada de impuestos, la reducción de la estructura política de la Administración o las leyes de libertad educativo y de concordia, entre otros. Y que tiene por delante una ingente tarea y algunos retos que vienen de lejos, como el de arrancar del Gobierno central un nuevo sistema de financiación que acabe con la discriminación que sufren los valencianos. Una agenda exhaustiva y compleja que requiere del esfuerzo de todos y que debería llevar a la clase política a buscar puntos de entendimiento entre los diferentes. O cuando menos, a que los que su ubican en un mismo espectro ideológico no se dediquen a guerrear en batallas estériles que, a la postre, no dejan más que damnificados en los dos bandos. Vox no va a ganar nada con este giro de guión. Saldrá de los gobiernos, se quedará en la oposición, dejará de influir y se sumirá en una cierta irrelevancia. Y sobre todo, no dará prueba de ese españolismo del que hace bandera. Porque el patriotismo es también gestionar con responsabilidad el resultado de unas elecciones y poner por delante el interés general.
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